DEFENSA-CONSUMIDOR

Confirman fallo contra Cablevisión por valor del abono mensual

2012-02-16T15:18:00.000-08:00

La Cámara Federal de Córdoba confirmó un fallo que obliga a Cablevisión a respetar el monto de abono de la tarifa de la televisión paga y que el básico mensual no puede superar la suma de 109 pesos.
Así lo hizo la sala B del tribunal al ratificar una medida cautelar dictada en primera instancia por el juzgado N° 3, que intimó a Cablevisión a "dar efectivo cumplimiento a lo previsto en las Resoluciones 50/2010; 36/2011 y 65/2011 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación".

Para los jueces Luis Rueda, Abel Sánchez Torres y José Pérez Villalobos, está configurada "la verosimilitud del derecho invocada en función de la aplicación de la normativa de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación que obliga a las empresas que prestan servicios de televisión paga -y en el particular a Cablevisión- a respetar las pautas ordenadas y el monto fijado como abono básico mensual".

De acuerdo a la agencia NA, en la resolución, los jueces consideraron "que correspondía impedir que se siga cobrando al accionante un importe en exceso del establecido en la normativa que rige la materia y el eventual perjuicio que podría acarrearle al amparista el corte del servicio en caso de no abonar el importe facturado".

"Dicha medida cautelar fue dictada en el marco de la acción de amparo deducida por la señora Ana María Bussano, por derecho propio y la Asociación Civil Defensa de Usuarios y Consumidores (DUC) en contra de la empresa Cablevisión para que se cumplan las resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior", recordaron los jueces en el fallo.

En ese sentido, los jueces explicaron que "se encuentra configurado" el requisito de "verosimilitud del derecho invocado", y en función de ello no corresponde "analizar en esta instancia los demás aspectos planteados en la causa por tratarse una medida cautelar, que requiere solamente de un conocimiento superfluo de las cuestiones discutidas en la especie".
(Fuente: iProfesional.com)

Insólito: les cortaron la luz y ahora serán resarcidos por daño moral

2012-02-15T14:05:00.001-08:00

Los cortes de luz no sólo pueden generar perjuicios en el momento en que se producen, sino también a futuro. Los más usuales son las pérdidas de diversas mercaderías en los comercios o de víveres en las casas de familia.

Pero no sólo eso: muchas veces ocurre que, al restablecerse el servicio, los usuarios descubren con desagradable sorpresa que sus artefactos fueron afectados por una falla de tensión y no funcionan adecuadamente.

Estos son solo algunos de los problemas que sufren los afectados por los cortes de energía eléctrica y, aunque la bronca se expande con el auge de las redes sociales y las protestas llegan a sitios tales como Facebook y Twitter, las soluciones no siempre son instantáneas.

Incluso, en muchos casos, los damnificados desconocen cómo proceder o no logran una reparación completa por el perjuicio sufrido. No obstante, otros recurren a los tribunales para obtener un resarcimiento.

Distintos daños

Esto fue lo que sucedió en una reciente causa, donde la Justicia civil condenó a la empresa Edenor por los daños ocasionados a unos clientes luego de restablecerle el servicio tras un corte.

Los damnificados iniciaron un reclamo por los perjuicios producto de una sobretensión generada por personal de la empresa en el inmueble que alquilaban. En su demanda, alegaron que esa descarga eléctrica les había averiado los electrodomésticos.

El juez de primera instancia consideró que se trataba de una relación encuadrada dentro de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC), por lo que -desde ese punto de vista- los reclamantes eran usuarios del servicio de electricidad prestado por la empresa, generándose así una relación de consumo, que torna aplicable al caso la normativa mencionada.

La empresa apeló la sentencia aunque sin mayor suerte. A su criterio, esta relación contractual debe regirse exclusivamente por las normas del contrato de concesión y del reglamento de suministro y no por la ley mencionada.

Para reforzar su postura, la firma invocó que los supuestos daños sufridos en los bienes de los reclamantes se debieron a una actitud negligente de éstos porque no adoptaron las medidas de seguridad mínimas e indispensables en las instalaciones internas de su vivienda.

Sin embargo, de acuerdo al informe pericial, los daños surgieron por una sobretensión proveniente de la entrada de la alimentación eléctrica, provocada por deficiencias en la calidad técnica del suministro y, por lo tanto, imputables a la compañía.

Asimismo, señaló que la falla no se debió a un desperfecto interno de la instalación de la vivienda -pues tenía las protecciones reglamentarias- sino que los daños a los electrodomésticos son los típicamente causados por una sobretensión externa a la instalación.

En ese aspecto, los jueces indicaron que incumbía a la prestataria del servicio acreditar fehacientemente que los daños fueron provocados por una causa ajena que la libere de responder, pero que no pudo demostrarlo.

De esta manera, estimaron que la empresa debía hacerse cargo de los daños provocados a los bienes de los reclamantes.

En ese sentido, consideraron que debía proceder la reparación de distintos rubros, entre los que se incluyeron daño emergente y daño moral, aunque rechazaron el pedido de lucro cesante.

Con respecto al primero de los aspectos, los jueces tuvieron en cuenta los daños en los electrodomésticos, los gastos resultantes del traslado de esos aparatos para obtener presupuestos y por la privación de uso del inmueble debido a la ausencia de algunos elementos como la heladera. Así, fijaron un monto de resarcimiento de 6.500 pesos.

Sobre el resarcimiento moral, los camaristas fijaron la suma de $5.000 para cada integrante de la pareja por los padecimientos sufridos como consecuencia de la sobretensión.

Los jueces decidieron rechazar la petición del lucro cesante, que presupone una prueba certera de las ganancias dejadas de percibir y de su cuantía. Estimaron que resulta insuficiente la declaración testimonial para acreditar la procedencia de esta partida.

Para ver el fallo completo provisto por elDial.com, haga clic aquí: http://www.iprofesional.com/index.php?p=nota_new&idx=130963

Qué hacer ante un corte

Los especialistas consultados por este medio destacaron que en primer término, el cliente debe comunicarse con la empresa prestadora de energía a los teléfonos comerciales que figuran en la boleta y efectuar el reclamo.

Si hay un daño, el solicitante debe presentar un presupuesto para que sea revisado por la firma.

Con posterioridad, la prestadora utilizará un parámetro predeterminado para calcular los daños. Si hay algún problema por una causa originada en la distribuidora, la misma será quien revise los hechos.

No es necesario que el cliente se acerque a las oficinas comerciales de la compañía de energía eléctrica sino que puede efectuar el trámite vía telefónica o fax. Otra alternativa es completar los formularios que las empresas colocan en su página de Internet.

Desde que se efectúa el reclamo, el tiempo que la compañía toma para analizar si hubo algún problema con el servicio es breve, ya que sólo chequea en sus registros si se produjo la falla. Una vez corroborado el hecho que dio origen a la queja, se procede al reintegro -en el caso de que se haya reparado el artefacto- o a la entrega de un cheque para que el arreglo se lleve a cabo.

Es importante remarcar que la persona que debe llevar adelante el reclamo tiene que ser el titular del servicio -es decir, quien figura en la boleta- ya que el cheque se extenderá a su nombre y, si es otra persona la que lo recibe, no podrá cobrarlo. Esto es así dado que se emiten bajo la cláusula "no a la orden", motivo por el cual no se puede endosar.

Por esta razón, en los casos en que se decida colocar el inmueble en alquiler, es conveniente que el propietario pida su baja del servicio para que el inquilino comience a figurar como titular.

Cómo actuar en la Ciudad de Buenos Aires

Antes de llegar a la Justicia, los ciudadanos porteños deben efectuar sus reclamos ante los organismos descentralizados de la autoridad de Defensa al Consumidor ubicados en los Centros de Gestión y Participación (CGP) para obtener un resarsimiento.

En estos casos, cuando el damnificado concurra a efectuar el reclamo, deberá presentar un escrito donde relate cada uno de los hechos que derivaron en un perjuicio, y en el que deberá detallar, por ejemplo, la fecha y hora del corte y del retorno del suministro de energía.

Además, deberá adjuntar un comprobante de los gastos ocasionados o un presupuesto autorizado donde se indique el monto que le costará el arreglo. También tendrá que acreditar el pago de la última factura del servicio.

A partir de allí, se fijará una primera audiencia dentro del plazo de 15 días, entre un representante de la empresa y el damnificado. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo se fijará una nueva reunión dentro de los 10 días.

Por lo general, de la misma participarán el abogado de la empresa, el damnificado y un integrante de la oficina de Defensa del Consumidor del CGP. Así, de llegar a un acuerdo, la reparación será abonada por la compañía dentro de los términos acordados con el reclamante.

Vale remarcar que los gastos originados por dicho reclamo son absorbidos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En caso de que no se llegue a un acuerdo en ninguna de las dos audiencias, el cliente quedará habilitado para iniciar acciones legales.

"Esta alternativa resulta muy interesante para casos en los cuales la cuantía económica de los daños sea inferior a los $5.300 (por ejemplo, la inutilización de una notebook de mediana calidad o una heladera) y no amerite quizás, a primera vista, una acción judicial", explicó el especialista Demetrio Chamatropulos.

Cuando el cliente se presenta a reclamar, la oficina de Defensa del Consumidor del CGP le comunica al ente regulatorio sobre la existencia de la queja para coordinar los diversos aspectos de la controversia y evitar posibles superposiciones en la vía administrativa y judicial.

Asimismo, la autoridad de aplicación podrá solicitar del organismo regulador toda la colaboración necesaria con el fin de obtener la correcta resolución del caso que se le presenta.

Posibilidad de aplicar los daños punitivos

En caso de que el reclamo ante la empresa o el ENRE fracase, los usuarios pueden pedir la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, donde se habilita la posibilidad de efectuar la descarga directamente ante la autoridad de esa materia en cada jurisdicción.

Por otra parte, debe expresarse que la interrupción o alteración del servicio constituye un riesgo propio de la actividad de la compañía proveedora. Es decir, que se aplica la figura conocida como responsabilidad objetiva, por lo que no hay que demostrar un obrar culposo por parte de la firma para obtener el resarcimiento.

Por último, Chamatropulos destacó que "si la cuestión llega a sede judicial, además de la reparación del daño material -y eventualmente moral- es posible imponer daños punitivos a la empresa por una suma que puede llegar a los $5.000.000".

El objetivo de la condena por daño punitivo es "que la empresa lo sienta", resumió Luis Sprovieri, del estudio Sprovieri & Dell´Oca. El experto explicó que se recurre a esta herramienta porque el juicio individual por daños y perjuicios no golpea lo suficiente a las compañías. "La finalidad es 100% económica y busca desincentivar que se siga produciendo el daño", apuntó.

Se trata de una necesidad de mercado, de un mecanismo que se introdujo para equiparar las fuerzas, reflexionó Sprovieri. Por ello, destacó: "Debe ser usado con prudencia y cuidado".

(Fuente: iProfesional.com)

Ratifican Multa a Concesionaria ante Incumplimiento de Plazos y Condiciones de Entrega de un Automóvil

2012-02-07T18:20:00.000-08:00

En el marco de la causa “Espasa SA c/DNCI-Disp 556/10 (Expte SOI: 240338/08)”, la Dirección Nacional de Comercio Interior le había impuesto a la razón social Espasa S.A. la sanción de multa de 50 mil pesos por infracción al artículo 10 inc. c) del Decreto 1798//94, reglamento de la ley 24.240, por no respetar los plazos y condiciones de entrega de un vehículo Audi 3 2.0 FSI Tiptronic.

Cabe remarcar que la causa había sido iniciada a raíz de una denuncia presentada ante la Dirección de Defensa del Consumidor por el Sr. Mario Alberto Fonseca, quien manifestó que con fecha 22/4/08 concurrió a la concesionaria ESPASA S.A. a los efectos de adquirir un automóvil AUDI con las siguientes características: color negro, motor naftero y caja de cambios automática, haciéndole saber al vendedor que las mismas eran vitales para llevar adelante la operación.

El denunciante explicó que le confirmaron la entrega para fines del mes de mayo y que el 28/4/08 abonó la suma de U$S 1.000 en concepto de reserva, mientras que el 12 de mayo le informaron que el automóvil ya había sido nacionalizado y facturado razón por la cual debía abonar el precio convenido, por ello el 14 y 15 de mayo depositó la suma de $ 50.000 y U$S 10.000, pero cuando el 16 de mayo concurrió a la concesionaria para firmar la documentación correspondiente le informaron que el auto que había comprado no lo tenían.

El denunciante sostuvo que luego de ofrecerle las disculpas del caso le ofrecieron un auto similar pero de distinto color bonificándole algunos accesorios y le prometían la entrega dentro del plazo acordado originalmente, ofrecimiento que en principio aceptó, y que cuando pidió que le den por escrito la fecha de entrega le informaron que tampoco lo tenían disponible, con lo cual decidió terminar con las negociaciones.

La sanción impuesta fue apelada por Espasa S.A. quien argumentó que el denunciante nunca abonó la totalidad del precio del vehículo, a la vez que también se agravió de su pedido de citación de Volkswagen Argentina S.A. que fue quien percibió las sumas depositadas por el Sr. Fonseca.

Los jueces que integran la Sala III explicaron que “el tema a decidir se circunscribe resolver si hubo o no incumplimiento del plazo de entrega del automóvil por parte de ESPASA S.A.”.

En tal sentido, señalaron que “las constancias de la causa surge que en la propuesta de compra del automóvil elegido por el Sr. Fonseca del 30/4/08 el vendedor de la concesionaria escribió de su puño y letra en el renglón que dice "entrega programada: Fines de Mayo"”, mientras que “al respecto el art. 10, inc. c) del Decreto 1798/94 establece que el incumplimiento del plazo y las condiciones de entrega, será pasible de las sanciones del artículo 47 de la ley 24.240”, y que “el infractor podrá eximirse de la aplicación de sanciones cuando medie acuerdo conciliatorio entre las partes”.

Sentado lo anterior, los jueces señalaron que “no se encuentra controvertido que el plazo establecido para la entrega del vehículo no fue cumplido haciéndose pasible de las sanciones establecidas por el art. 47 de la ley 24.240, pues la única circunstancia admitida por la ley para que la denunciada no sea sancionada es el acuerdo conciliatorio entre las partes, circunstancia que no fue posible, correspondiendo en el caso confirmar la multa impuesta, toda vez que ha existido un incumplimiento del plazo y de las condiciones de entrega del automóvil solicitado y adquirido por el denunciante, contrariando en consecuencia lo previsto por la ley 24.240 de Defensa del Consumidor”.

En la sentencia del 7 de diciembre del 2011, los magistrados concluyeron que “lo que sanciona la Ley de Defensa del Consumidor es la omisión o incumplimiento de los deberes u obligaciones a cargo de los prestadores de bienes y servicios que fueron impuestos como forma de equilibrar la relación prestatario-consumidor”, ya que “se trata de infracciones formales donde la verificación de tales hechos hacer nacer por sí la responsabilidad del infractor”, y no “se requiere daño concreto, sino simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la ley”.

Por último, con relación al rechazo de su pedido de citación de Volkswagen Argentina S.A. los magistrados explicaron que “cabe destacar que la concesionaria es quien acerca a las partes, por lo que además cobra sus servicios, y es la primera que debe dar información detallada y veraz al consumidor sobre las condiciones en las que se perfecciona el contrato que se negocia (Sala II, in re: "Maldonado Automotores SACI c/SCI"del 21/11/00)”.

(Fuente: abogados.com.ar)

Nuevos modelos orientativos para reclamar a Cablevisión por el aumento precio del cable más allá de los $116

2012-02-05T06:14:00.000-08:00

Para todos aquellos lectores del blog que han consultado al respecto les transcribo a continuación los nuevos ”modelos” o ejemplos de reclamos que la Asociación de defensa de los consumidores "Protectora" ha elaborado y publicado en su sitio de internet para ser utilizados por todos aquellos usuarios del servicio de televisión por cable que, ante el aumento de la tarifa del abono básico mensual, correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2012, más allá de los $116, deseen reclamar a la empresa Cablevisión S.A. solicitando el cese del aumento y la restitución de lo cobrado demás.

Si Ud. es abonado de Cablevisión S.A., y su Abono Básico Mensual es superior a la suma de PESOS CIENTO DIECISEIS ($ 116,00) mensuales, lo mismo se encuentra en infracción a la Ley. Por lo que con esta nota de reclamo Ud. solicitará el cese del aumento y la restitución de lo cobrado por demás.

Mediante la publicación de la resolución 141/2011, la Secretaría de Comercio de la Nación ha establecido una prórroga de la resolución 123/11, que establecía en $116 el precio del abono mensual del servicio de televisión paga de la empresa Cablevisión S.A. para los meses de septiembre y octubre, mediante esta resolución se extiende lo establecido a los meses de noviembre y diciembre 2011. AHORA NUEVAMENTE PRORROGADA por resolución 10/2011 desde ENERO A MARZO 2012

PASO 1: RECLAMO A CABLEVISION S.A.

RECLAMAR. Para lo mismo lo puede hacer:

Por TELEFONO: pidiendo el número de reclamo

Por INTERNET: registrando el número de reclamo

Por CARTA DOCUMENTO, conservando copia y recepción

Por NOTA FIRMADA, conservando su constancia de recepción

Nota modelo :

CABLEVISION S.A.

S / D:

JUAN PEREZ, DNI Nº ……, con domicilio en xxxx, localidad: xxx , Provincia de xxx, se presenta ante Uds., a fin de reclamar lo siguiente:

Hechos: Que siendo abonado Nº …………., de su empresa, le solicito el cumplimiento de la prórroga efectuada por la resolución 1011 141/2011 de la Resolución 123/2011 en su artículo 1º y 2º, dictada por la Secretaria de Comercio de la Nación.

Por lo que me presento a reclamar el cumplimiento inmediato dela citada resolución en su:

Artículo 1º — Establécese que el precio del abono básico mensual del servicio de televisión paga de la empresa CABLEVISION S.A., para los meses de setiembre y octubre de 2011 , se fija en la suma de PESOS CIENTO DIECISEIS ($ 116,00) mensuales. (Ahora prorrogada para los meses de noviembre y diciembre de 2011 y enero a marzo del 2012 resolución 141/2011 y 10/11)

Art. 2º — Establécese que las promociones y/o bonificaciones y/o descuentos, cualquiera sea su denominación que beneficie a los usuarios, deberán ser mantenidos en los mismos términos en que se encuentran a la fecha de entrada en vigencia de la presente medida.

En caso que no cumpla con lo reclamado, dicha conducta viola normas protectoras del consumidor, tales como el art. 19, entre otra en razón de no respetarse las condiciones y modalidades de la contratación; es arbitraria sin más, Se viola así el art. 8 bis de la Ley 24240 en cuanto ampara el trato digno del consumidor, dichas normativas tienen su fuente en el art. 42 de la Constitución Nacional.-Por lo que proseguiré dicho reclamo en las vía administrativa correspondiente, solicitando daño directo por los perjuicios que me ocasiona y sanciones correspondientes.

Firma: xxxxxxxxx

──────────────────────────────

En caso que la Empresa Cablevisión, rechace el pedido o de alguna manera lo obstaculice Ud. debe seguir con lo siguiente:

PASO 2: DENUNCIA A DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Para lo mismo deberá concurrir a la oficina gubernamental de defensa al consumidor de su localidad, llenando este modelo y presentándolo con la copia correspondiente.

MODELO DE DENUNCIA : x triplicado.

──────────────────────────────

Organismo de Defensa del Consumidor

S / D:

JUAN PEREZ, DNI Nº ……, con domicilio en xxxx, localidad: xxx , Provincia de xxx, se presenta ante Uds., a fin de denunciar lo siguiente:

Denunciada: Empresa Cablevisión S.A., con domicilio en XXX , localidad XXX; Provincia de XXX.

Hechos: Que siendo abonado Nº …………, de la empresa denunciada, conforme acredito con facturas, la misma no ha cumplido con la resolución 10/11 141/2011 que prórroga la Resolución 123/2011 en su artículo 1º y 2º, no obstante haber efectuado el debido reclamo que le he realizado y que acredito con su nº y copia.

Por lo que me presento a reclamar el cumplimiento de la citada resolución

Prueba:

Documental: agregar original y copia de una factura anterior al aumento y las facturas con aumento superior a los PESOS CIENTO DIECISEIS ($ 116,00) mensuales, y copia o nº de reclamo si fue telefónico. (Por DUPLICADO)

Petición: Por lo expuesto solicito;

1) Cese: Que disponga mediante medida cautelar, en forma inmediata el cese de la conducta infractora, y la no suspensión del servicio en el caso de haber pagado PESOS CIENTO DIECISEIS ($ 116,00) mensuales por el abono básico mensual. Permitiendo hacer efectiva la manda legal que impone a la autoridad administrativa ejercer el control, vigilancia y juzgamiento de la ley (art. 45 L.D.C.) y en el cumplimiento inmediato de la resolución 2/2012 de la Secretaria de Comercio de la Nación (deberá, en un plazo máximo de VEINTICUATRO (24) horas, restablecer el servicio interrumpido de televisión paga a aquellos usuarios que hubieren abonado en tiempo y forma los precios establecidos por las Resoluciones SCI Números 36/11, 65/11, 92/11, 123/11, 141/11 y 10/11. La reconexión deberá ser efectuada respetando todas y cada una de las condiciones pactadas oportunamente.).-

2) Infracción y Restitución: Se declare en infracción la conducta de la Denunciada, por la normativa citada y se proceda a restituir los fondos cobrados en forma ilegal, con sus intereses.-

3) Daño Directo, dado el Daño sufrido, los gastos que se han generado, la pérdida de tiempo en hacer efectivo este reclamo para evitar que los daños “bagatela” queden sin reparación y “en abstracto”, y hacer operativos mis derechos de consumidor , conforme lo he expresado solicito se indemnice con el máximo valor dispuesto por el art. 40 Bis. Ley 24.240.

4) Sanciones: por la conducta asumida por la denunciada, solicito que la misma le sea aplicada la multa prevista en el art. 47 inc. B), Ley 24.240 y/o cualquier otra sanción que correspondiere.

Firma: xxxxxxxxx

(Fuente: Protectora.org.ar)

Cablevisión debe mantener su abono básico en $ 116 hasta marzo

2012-01-24T09:10:00.000-08:00

La Secretaría de Comercio Interior prorrogó hasta marzo de 2012 la resolución que fija en 116 pesos el abono básico del servicio de la empresa Cablevisión.

Se trata de la resolución 141, que fue adoptada el 28 de octubre de 2011 y tenía fecha de vencimiento el próximo 31 de diciembre.

La decisión de extender la medida por tres meses más se dispuso a través de la resolución 10, publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

La medida se enmarca en idénticas resoluciones que la dependencia viene adoptando desde marzo respecto a Cablevisión y que evidenció el primer cambio en agosto, cuando Moreno autorizó una suba del abono de 109 a 116 pesos, con motivo de aumentos en los costos.

En los considerandos, se recordó “que el precio fijado mediante la resolución citada precedentemente debía mantener la vigencia e inmutabilidad sin variaciones durante el plazo indicado”.

Además, la dependencia subrayó “que, en relación con otros servicios de señales y productos prestados por la empresa, se establecía que tampoco sufrirían variaciones en sus precios, y debía mantener la composición y la cantidad de señales que actualmente contiene el abono básico mensual, salvo caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificados ante esta Secretaría”.

En otro de los puntos se indicó “que, en cuanto a los contratos que se celebren en el futuro, también se establecía que deberían ajustarse a las modalidades pautadas en la medida aludida”.

“El Estado Nacional tiene a su cargo la implementación de políticas públicas destinadas a satisfacer las necesidades de los consumidores y usuarios de bienes y servicios públicos, cuya tutela y protección tiene raigambre constitucional”, subrayó la nueva resolución que congela el abono básico de Cablevisión.

En ese marco, añadió: “En virtud de lo expresado precedentemente, la Secretaría de Comercio Interior procedió a adoptar las medidas conducentes a implementar las políticas citadas, otorgando marcos normativos integrales que aseguren los derechos del consumidor”.

“En consonancia con lo manifestado, deviene necesario proceder en consecuencia y a los fines de propender a la protección del bienestar general como bien superior, esta Secretaría estima necesario prorrogar los términos de la resolución Nº 141/2011 durante los meses de enero, febrero y marzo de 2012”, concluyó.

(Fuente: Cronista Comercial)

En marzo, los usuarios de celulares podrán cambiar de empresa y mantener el número

2012-01-23T05:01:00.000-08:00

En marzo próximo arranca la ley de portabilidad numérica. A través de la entrada en vigencia de esa ley, los usuarios de compañías de telefonía celular podrán, ser propietarios del número telefónico, lo que permitirá mantener la identificación numérica en los casos de decidir cambiar de compañía proveedora del servicio.

La medida será puesta en práctica por Personal a partir de marzo aunque se espera que pronto adopten los mismos pasos las compañías Claro y Nextel.

La portabilidad numérica en la Argentina fue aprobada en agosto de 2010, pero recién desde marzo los usuarios podrán optar por la compañía que deseen sin perder su número.

EL DATO. La portabilidad se aplicará en todo el país, tanto para personas como empresas, y en los casos de quienes estén suscriptos a planes de abono o un sistema de prepago.

La normativa establece, además, que los usuarios podrán cambiar cuantas veces deseen de operadora, pero respetando un mínimo de permanencia de 60 días en cada una. El trámite es gratuito sólo la primera vez. El resto de las veces será pago.

El proceso implicará un trámite cuya duración será de 10 días hábiles, y el usuario tendrá una interrupción del servicio no mayor a tres horas, según detalló la resolución de la Secretaría de Comunicaciones.

Se trata de una medida pendiente que se venía postergando desde su primer anuncio, en el año 2000 durante el gobierno de De la Rúa.

(Fuente: Redacción Fortunaweb)

Comercio Interior le aplicó la Ley de Abastecimiento a Cablevisión

2012-01-14T06:53:00.000-08:00

La Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno, decidió aplicarle la Ley de Abastecimiento a la empresa Cablevisión del Grupo Clarín con el fin de obligarla a que restituya el servicio a un grupo de abonados a los que la empresa les cortó el cable.

Según consta en la resolución de Comercio Interior –a la que Tiempo Argentino tuvo acceso en exclusiva–, la decisión oficial se tomó a partir de la presentación pública que hicieron varios abonados de Cablevisión, en la que denunciaron que la empresa les interrumpió el servicio porque pagaron el abono básico de $ 116 –como fijó Comercio Interior en una resolución– en lugar de los $ 160 que estableció Cablevisión de forma unilateral.

En el artículo 1, la resolución indica expresamente que “la firma Cablevisión deberá, en un plazo máximo de 24 horas restablecer el servicio interrumpido de televisión paga a aquellos usuarios que hubieren abonado en tiempo y forma los precios” establecidos en distintas resoluciones (36/11, 65/11, 92/11, 123/11, 141/11 y 10/11) por la mentada secretaría.
Además, Comercio Interior también subraya que “la reconexión deberá ser efectuada respetando todas y cada una de las condiciones pactadas oportunamente” entre el usuario y la empresa.

La compañía recibió ayer la notificación en su domicilio ubicado en General Hornos 690 (Ciudad de Buenos Aires) y el plazo de 24 horas comenzó a correr desde la horas de hoy y vence mañana a la misma hora.
(Fuente: Diario Tiempo Argentino).-

Otro fallo judicial condena al pago de daños punitivos

2012-01-10T05:51:00.000-08:00

La Justicia condenó a un comercio a pagar una indemnización por "daño emergente, daño moral y daño punitivo" a favor de un particular que había encargado la fabricación de un mueble de cocina que nunca se le entregó. El Tribunal descalificó las defensas esgrimidas por la demandada y recordó que la función del daño punitivo es “disuadir ulteriores hechos análogos”.

En Córdoba, la Cámara Primera Civil y Comercial confirmó una sentencia de grado que condenó a una mueblería a indemnizar por daño emergente, daño moral y daño punitivo a un particular que había encargado una alacena que nunca le fue entregada. Además, fue desestimado el pedido del actor de sancionar a la accionada con una multa por faltar a los deberes de buena fe y probidad.

En particular, el Tribunal de Apelaciones destacó que “para poder reclamar el daño punitivo resulta necesario que alguien haya experimentado un daño injusto, pero también es imprescindible que exista una grave inconducta o que se haya obrado con malicia, mala fe o grosera negligencia”.

Asimismo, los magistrados Guillermo Tinti y Julio Sánchez Torres indicaron que “afirmar reiteradamente que el mueble en cuestión fue entregado y no exhibir el pertinente recibo otorgado por el interesado” era “una defensa pueril del accionado, incompatible con su calidad de comerciante,” que llevaba, además, a “un juicio negativo del letrado, quien conoce o debe conocer que los hechos alegados deben ser probados”.

En el caso, un particular interpuso una acción judicial contra una mueblería para reclamar una indemnización por daño emergente, daño moral y daño punitivo. El hombre había encargado a la demandada un mueble de madera de cocina que nunca le fue entregado. Como parte de la transacción el actor había pagado una suma de dinero a cuenta.

El juez de grado admitió parcialmente la demanda entablada por el actor y condenó a la mueblería a abonar en concepto de indemnización: 400 pesos de devolución de lo entregado, 3000 pesos por daño moral y 3000 pesos por daño punitivo, más intereses. Entonces, la demandada interpuso una apelación. De modo puntual, alegó que no había incumplimiento pues el mueble había sido entregado. También cuestionó los rubros daño moral y punitivo.

Primero, la Cámara Civil y Comercial indicó que el daño punitivo persigue “disuadir ulteriores hechos análogos, es decir, evitar que esa conducta que aparece reprobada pueda ser reincidente, con más razón si se detecta que a las empresas infractoras les resulta más beneficioso económicamente indemnizar a los damnificados que puntualmente han reclamado la aplicación de la ley, que desistir de su práctica lesiva”.

“La sanción por daño punitivo debe guardar proporcionalidad con la gravedad de la falta, -el juez debería evitar penas ínfimas, meramente simbólicas o desproporcionadas por exorbitantes-“, puntualizó después el Tribunal de Apelaciones.

A su vez, los magistrados cordobeses señalaron que la sanción por daño punitivo no debe ser “ni tan alta que parezca una confiscación arbitraria, ni tan baja que por insignificante no cause efecto alguno en el sujeto obligado”.

De tal modo, los agravios vertidos por la parte demandada en torno a la indemnización por daño moral y al daño punitivo fijado fueron desestimados por la Justicia Civil y Comercial cordobesa.

Por otra parte, el actor solicitó la imposición de una multa a la demanda por faltar a la verdad y a los deberes de buena fe y probidad. Sin embargo, el Tribunal de Alzada desestimó la petición pues sostuvo que “la conducta del demandado no excedió de un normal ejercicio del derecho de defensa” y no se configuraron “los tipos previstos en la norma”.

Por lo tanto, la Cámara Civil y Comercial rechazó el recurso de apelación interpuesto por la mueblería y confirmó la sentencia de primera instancia. No obstante, no se admitió el pedido del abogado de la parte actora de multar a la demandada por faltar a los deberes de buena fe y probidad a lo largo del proceso judicial.

(Fuente: Diario Judicial)

Fallo judicial: El ¨turismo de estancias¨ y el deber de seguridad

2012-01-06T05:47:00.000-08:00

La Cámara Comercial, integrada por los magistrados Juan Manuel Ojea Quintana, Rafael Barreiro y Alejandra Tévez, condenó a una empresa –propietaria de una estancia turística- a indemnizar a una mujer y su hijo por los daños que sufrieron ambos al caer de un sulky durante un recorrido por el predio. El resarcimiento se fijó en 11.300 pesos para la madre y 8.000 pesos para el joven.

En particular, la Sala F del Tribunal Mercantil destacó que "el viajero debe hallar en el lugar de albergue la misma asistencia de la vigilancia y cuidados familiares como si se hallara en su casa: seguridad, tranquilidad, comodidad, protección".

A su vez, la Justicia de Alzada señaló que era "cuanto menos sorprendente que la demandada, conociendo los riesgos que conlleva que un caballo enganchado a un carro se desboque o que el propio carro se trabe con algún obstáculo por ausencia de pericia en su conducción –entre algunas de las contingencias que son de posible acaecimiento durante el empleo de un sulky-, permitiera que el actor condujera, o como dicen los reclamantes, lo hiciera un niño".

En el caso, un hombre, su mujer y su hijo, demandaron a una empresa –propietaria de una estancia turística- por los daños que sufrieron al caer de un sulky. También accionaron contra los dueños de la entidad. Los actores pidieron más de 100.000 pesos de resarcimiento e indicaron que durante un recorrido en un carro, que era conducido por un niño, los caballos se desbocaron debido a que el pequeño perdió las riendas y todos acabaron cayendo del sulky y lastimándose.

Para comenzar, el Tribunal de Apelaciones explicó que el contrato de servicio de hospedaje "implica la obligación de la reserva y la ubicación en un determinado lugar de residencia en condiciones de habitabilidad ofrecidas y pactadas durante un número de días, conformando simultáneamente la obligación de indemnidad personal y de su grupo familiar, durante los días que se alojará en dicho lugar", puntualizó la Cámara.

Asimismo, la Justicia Mercantil de Alzada señaló que el contrato de depósito y guarda de pertenencias "constituye la obligación de seguridad para el pasajero que durante los días de alojamiento puede dejar su equipaje en dicho lugar, de tal forma de no ser alteradas o hurtadas".

Luego, el Tribunal Comercial manifestó que "el hotelero está obligado a procurar que el pasajero no sufra daños en su persona mientras permanece en su establecimiento" por lo que "no puede hesitarse en afirmar que su responsabilidad es contractual también en este supuesto".

"Durante el desarrollo de la prestación el deudor garantiza que ningún daño recaerá sobre las personas o eventualmente los bienes del cocontratante", pues "se trata de una cláusula implícita de indemnidad, ínsita en toda relación contractual que integra la prestación principal, aún cuando las partes no lo hubieran previsto expresamente", precisó la Cámara de Apelaciones.

Acto seguido, la Justicia Comercial de Alzada remarcó que dejar conducir al actor o a un niño el sulky "exhibe una violación al deber de seguridad de origen legal e integrado en la relación contractual, que se hallaba a su cargo en su calidad de prestador del servicio de hospedaje, toda vez que no adoptó las medidas de prevención adecuadas a los concretos riesgos que presentaba el empleo del carro tirado a tracción animal".

En el "turismo de estancias", donde se emplean cosas o animales para el deleite de los huéspedes, "el estanciero debe asegurarse de que ellas no causen daños" pues "su responsabilidad derivaría de haber permitido que personas inexpertas utilicen medios para los que no están preparados y sin supervisión", enfatizó la Cámara Mercantil.

Finalmente, la Cámara Comercial, con una disidencia parcial de la doctora Tévez relativa a algunos conceptos vinculados con la indemnización, determinó que no eran responsables los dueños de la empresa, pero sí la empresa como tal. La entidad fue condenada a pagar 11.300 pesos a la madre y 8.000 pesos al hijo. Los efectos del fallo no alcanzaron al padre porque no efectuó la impugnación correspondiente.

(Fuente: Diario Judicial)

Se reglamentó la Ley de Medicina Prepaga

2011-12-03T16:31:00.000-08:00

Qué dicen los decretos

La Ley 26.682 había dejado fuera de sus alcances a las obras sociales, a las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones. Por ese motivo, reducía su ámbito de aplicación a las empresas de medicina prepaga.

Pero este jueves el panorama cambió ya que el decreto 1991 ordenó incluirlas.

Lowenrosen explicó que, con ello, "se tiende a proteger los intereses de los usuarios del servicio de medicina prepaga en general, sin diferenciar la persona jurídica a la que estaban adheridos, y así resguardar la vida salud y patrimonio de estos".

En tanto, el decreto 1993 reglamenta la ley en general, cuyos puntos importantes son los siguientes:

• Las empresas deben cubrir, como mínimo, en sus planes de cobertura médico asistencial el Plan Médico Obligatorio (PMO) vigente.

• La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSS) debe aprobar los contratos de afiliación de los usuarios así como las modificaciones que se pretendan incluir.

• Las entidades que pretendan efectuar modificaciones en dichos contratos deberán presentar previamente, ante el mencionado organismo, los cambios que intenten introducir, para su autorización.

• Si las empresas quisieran aumentar el valor de las cuotas deberán presentar el requerimiento a la mencionada Superintendencia, la que lo elevará al Ministro de Salud para su aprobación, previo dictamen vinculante de la Secretaría de Comercio Interior.

• Una vez autorizado dicho aumento, las entidades deberán informar a los usuarios los incrementos con una antelación no inferior a los 30 días hábiles, contados a partir de la fecha en que la nueva cuota comenzará a regir. Para ello, deberán adjuntar en la factura del mes precedente la carta informativa.

• En caso de muerte del titular, las entidades deberán garantizar a los integrantes del grupo familiar primario la cobertura del PMO durante un período de 2 meses, contados desde su fallecimiento, sin obligación de efectuar pago alguno. Una vez vencido dicho plazo, el cónyuge supérstite, el descendiente de mayor edad o su representante legal, o cualquier otro miembro del grupo familiar a cargo, podrán optar por la continuidad, para lo cual cualquiera de los mencionados deberá constituirse como titular del plan.

• El derecho de antigüedad abarca al grupo familiar inscripto y a los nuevos integrantes por nacimiento o adopción, una vez adheridos en el plan del usuario titular.

• Los contratos actuales deberán ajustarse a los modelos que habilite la Superintendencia de Salud.

• En ningún caso, los nuevos contratos podrán generar un menoscabo en los derechos que pudieren haber adquirido los usuarios en virtud de relaciones contractuales existentes.

• El pago de las cuotas será efectuado por los usuarios a través de la red bancaria, en cuenta única y exclusiva habilitada únicamente para la recepción del pago de dichos conceptos.

Para el especialista en derecho de salud, Pablo Rosales, esta circunstancia "excede lo determinado por la ley y parece responder más al lobby empresario que a las posibilidades de los consumidores". Porque de esta manera, para el experto, no tendría sentido una cláusula que le permite a las empresas dar de baja a un afiliado que tenga tres meses impagos.

• La diferenciación de la cuota por plan y por grupo etario sólo podrá darse al momento del ingreso del usuario al sistema. Luego, sólo se podrá modificar por los aumentos expresamente autorizados. Se exceptúan de esta regla los afiliados que alcancen los 65 años de edad y que no cuenten con 10 años de antigüedad continua en la misma entidad.

• Si bien la ley indica que a los mayores de 65 años y con 10 años de antigüedad en el sistema no se les puede incrementar el valor de las cuotas en razón de su edad, el decreto aclara que dicha antigüedad deberá ser en forma contínua en la misma entidad.

• A estos fines, en caso de producirse la quiebra de la entidad en cuestión, los usuarios conservarán la antigüedad en la nueva empresa que se les asigne.

"Aquí hay una trampa, porque cuando se dice que la antigüedad debe ser en una misma entidad, no se aclara que muchas prepagas fueron absorbidas por otras, y la entidad no tendrá la misma designación social, aunque sea continuadora de la anterior y al beneficiario no le queda otra que seguir en ella. Aquí debe entenderse incluidas todas las que sean absorbidas por otras", remarcó Rosales.

• La relación de precio entre la primera franja etaria -la menos onerosa- y la última -la más cara- no puede presentar una variación mayor de tres veces.

• Si por cualquier causa o razón se produce un cambio de prestador en la cartilla contratada por plan, el usuario tendrá derecho a seguir siendo asistido en el prestador de origen de su tratamiento hasta el alta médica de la patología existente en el momento de producirse el cambio, sin costo adicional alguno. Para Rosales, este punto resuelve muchos problemas que llevan a litigios.

Fin de la cobertura

A partir de ahora, los usuarios podrán rescindir en cualquier momento el contrato sin limitación y sin penalidad alguna. Este derecho podrá ser ejercido solamente una vez por año.

Además, las empresas no podrán obligarlos a afrontar la deuda para terminar con el vínculo.

En cambio, las empresas podrán dar de baja al afiliado si éste no paga tres cuotas íntegras y consecutivas. Previo a esta medida, la firma deberá intimar al usuario a regularizar el pago íntegro de las sumas adeudadas en un plazo de 10 días hábiles.

Vencido ese lapso, debe terminar el vínculo contractual para impedir el devengamiento de nuevos períodos de facturación.

Además, las prestadoras están habilitadas para desafiliar a una persona si descubren datos falsos en la declaración jurada. Sin embargo, la firma deberá acreditar que el usuario no obró de buena fe.

En este punto, la SSS establecerá las características que deberán contener las declaraciones juradas y el plazo por el cual se podrá invocar la falsedad.

"Es un acierto limitar la facultad rescisoria de los proveedores a unos pocos casos objetivos, lo que redundará en beneficio de los usuarios", indicó Lowenrosen.

"De esta manera, se evita que el prestador incausadamente -y a fin de obtener mayor beneficio- le de de baja a un usuario que tenga una enfermedad cuyo tratamiento o asistencia pueda resultar costosa para dicho prestador", agregó.

Carencias y enfermedades preexistentes

La Ley 26.682 indica que no se pueden incluir períodos de carencia para aquellas prestaciones incluidas en el PMO.

Asimismo, las otras modalidades prestacionales y los tiempos de espera previstos deben estar suficientemente explicitados en el contrato y aprobados por la autoridad de aplicación.

Además, la nueva normativa señala que las enfermedades preexistentes solamente pueden establecerse a partir de la declaración jurada del usuario y no pueden ser criterio del rechazo de admisión de los usuarios.

En este punto, el decreto estableció que los períodos de acceso progresivo a la cobertura sólo podrán establecerse para el acceso a las prestaciones sanitarias superadoras o complementarias al PMO vigente.

Por otra parte, los contratos deberán estar previamente aprobados por la SSS y los períodos de acceso progresivo en ningún caso podrán superar los 12 meses corridos desde el comienzo de la relación contractual.

Para Rosales, en este aspecto puede haber inconvenientes porque "la ley no menciona ningún acceso progresivo en el sentido de la reglamentación. Ésta viene a cercenar derechos que surgen de la propia ley".

Además, cuando la prestación médica carente ingresare a un nuevo PMO aprobado, dicha carencia quedará automáticamente anulada.

Luego la reglamentación clasifica a las prestaciones en temporarias, crónicas o de alto costo. "Esta diferencia no se encuentra en la ley y puede funcionar como excusas para el incumplimiento de la norma en este tipo de prestaciones y es inconstitucional limitar la ley de la forma que se lo hace en este caso", remarcó Rosales.

Coberturas parciales

Por otro lado, la reglamentación establece que -además de la edad- no podrán ser contemplados como supuestos de rechazo de admisión la raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos de los usuarios.

La ley indica que las entidades sólo pueden dar planes de coberturas parciales en servicios odontológicos, de emergencias médicas y traslados sanitarios de personas y en aquellos casos en que desarrollen su actividad en una única y determinada localidad, con un padrón de usuarios inferior a cinco mil.

El decreto establece que, en estos casos, se deberán explicitar claramente las prestaciones cubiertas y detallar pormenorizadamente las excluidas de la cobertura. Asimismo, prohíbe hacer referencias genéricas respecto de enfermedades de escasa aparición.

(Fuente: iProfesional.com)

Revocan cautelar que impedía aplicar a Cablevisión las normas que regulan el precio de la televisión paga

2011-12-01T13:17:00.000-08:00

La Sala IV de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal revocó una resolución dictada por un juez federal de Córdoba que, por una medida cautelar, suspendió con respecto a Cablevisión SA la aplicación de las resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior que fijan el precio del abono para la televisión por cable.

En la resolución, firmada por los jueces Marcelo Daniel Duffy y Rogelio Vincenti, el tribunal declaró su competencia para entender en el caso y denegó su desplazamiento por conexidad con relación a una causa que tramita ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

(Fuente: CIJ)

Confirman fallo contra el Banco Francés por cargar deudas a una cliente por tarjeta que no pidió

2011-11-30T15:04:00.000-08:00

Un fallo de la Justicia de Formosa contra el Banco Francés demostró una vez más que el cliente siempre tiene la razón. Más aún cuando recibe cargos y deudas de una tarjeta que ni siquiera solicitó.

El Superior Tribunal de Justicia de la provincia confirmó la sanción impuesta por la subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario contra la entidad crediticia y la aplicación de "Daño Directo" a favor del consumidor.

Desde el organismo judicial se explicó que el citado fallo "sienta un importante precedente en la provincia, ya que precisamente la infracción fue la remisión de una tarjeta de crédito no solicitada por la clienta, que le generó cargos y situación de morosidad ante la entidad; maniobras comerciales que habitualmente llevan a cabo los bancos y que se encuentran prohibidas por el artículo 35º de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor".

En este marco señaló que "en este caso puntual, la denunciante era cliente del citado banco, operaba con la tarjeta de crédito Visa Internacional que sí había solicitado y se encontraba al día en el pago de sus saldos".

"Posteriormente, recibió la tarjeta de crédito Mastercard del mismo banco emisor, por lo cual rechazó y efectuó el reclamo, sin respuesta favorable", agregó el fallo.

A pesar de ello, la empresa le generó una serie de gastos administrativos por el plástico en cuestión, a pesar de que la denunciante no hizo uso de la misma, y como hecho agravante, cuando quiso usar su Visa Internacional para efectuar un pago en un comercio local, le informan que la misma debía ser retenida; mostrándole el ticket que decía "retenga y llame".

Al comunicarse con el Centro de Servicios Visa le dijeron que había sido bloqueada por el Banco Francés, sin explicarles los motivos por confidencialidad, explicó la web de El Comercial.

Esta situación que motivó la denuncia ante la subsecretaría de Defensa al Consumidor y, concluida la instancia conciliatoria por no arribarse a un acuerdo, se instruyó un sumario administrativo contra el banco.

El subsecretario Edgar Pérez indicó que "finalizada la instrucción del sumario, se aplicó una multa de $75.000 al Banco Francés por infracción y daño directo por trato indigno a favor del consumidor, condenando a la entidad crediticia a pagar cinco canastas básicas totales para el Hogar 3, que publica el INDEC, a favor del denunciante".

(Fuente: iProfesional.com)

Ordenan pagar indemnización a una clienta que se patinó en un McDonald´s

2011-11-25T13:33:00.000-08:00

Los hechos ocurridos

Ninfa Benítez Gómez estaba cenando con su marido en un local de McDonald´s. En determinado momento, ingresó al baño del establecimiento pero, desafortunadamene, se resbaló a causa de un charco de agua que había en el piso lo cual le produjo una importante lesión.

Si bien fue inmediatamente asistida por un sistema médico privado contratado por el local y trasladada hasta un Hospital, el diagnóstico igualmente fue poco alentador: se había quebrado la cadera.

A raíz de ello, tuvo que permanecer en reposo absoluto durante un mes y soportar varios meses más en rehabilitación. Pese a ello, los médicos le indicaron que las secuelas físicas perdurarían de por vida.

Tras todos los padecimientos sufridos, y luego de evaluar los hechos, tanto el Juez de primera instancia, como la Sala K de la Cámara Civil, no dudaron en responsabilizar a McDonald´s y, además, a la empresa aseguradora por lo acontecido.

El Juez de primera instancia consideró que no se encontraba acreditado que la víctima hubiera adquirido en el local algún producto.

No obstante, entendió que, una vez que el potencial consumidor ingresa a un local, la responsabilidad del empresario es contractual.

Y esto es así dado que se presume que la persona entró al establecimiento con la intención de convertirse en consumidor propiamente dicho, correspondiéndole al demandado la prueba en contrario.

Es decir, para la Justicia, el empresario debía responder no sólo por los daños que pudieran causar los dependientes sino también por los bienes de su propiedad o guarda.

Así las cosas, la empresa, en su condición de dueña o guardiana del local, para eximirse de responsabilidad o disminuir la que se le atribuyera, debía acreditar la culpa de la víctima, o de un tercero por quien no deba responder o el caso fortuito, lo cual no pudo demostrar.

La víctima, lo único que tuvo que probar fue se había caído y la existencia del charco de agua, lo que convertía al suelo en una "cosa riesgosa".

Frente a ello, la compañía alegó la culpa de la víctima. Sostuvo que, de encontrase probada la existencia de un supuesto "charco de agua" en el piso del sanitario, ello habría sido producto del actuar de la propia víctima quien al higienizarse sus manos abrió la canilla provocando el derrame del agua al suelo.

Además, la firma señaló que el local comercial cumplía con las correspondientes medidas de seguridad. En este sentido, describió que el piso de los sanitarios era de un material especial para evitar que sea resbaladizo.

Y agregó que la limpieza de los pisos del lugar se realizaba con lampazo, lo que impedía el derrame del líquido, y que se ponían carteles de color amarillo advirtiendo a los usuarios del local para que tengan precaución.

Sin embargo, ninguna de estos argumentos sirvió para torcer la decisión de la Justicia, al entender que resultaban insuficientes para tener por acreditado que la caída de la Sra. Benítez se habría producido por culpa de la víctima.

Por esta razón, McDonald´s apeló la sentencia pero sin éxito.

Para los camaristas, no fue determinante si la clienta había o no consumido algún producto en el local como para validar los hechos, dado que consideraron que la cadena de hamburguesas permite el uso de sus sanitarios no solo a quienes compran sus productos sino a toda persona que ingrese a ese único efecto.

Y señalaron que la responsabilidad generadora del deber de indemnizar debía ser valorada en la esfera de la responsabilidad que le cabía a la empresa.

En este sentido, adujeron que existía un factor de responsabilidad objetivo. Vale remarcar que los factores objetivos de responsabilidad admitidos por la ley, tanto en el ámbito contractual como extracontractual, son, entre otros: la garantía, el riesgo, la equidad y el abuso del derecho.

Por lo tanto, los jueces remarcaron que, además de las obligaciones propias del contrato o servicio que se pretendía dar, existían otras denominadas de seguridad, accesorias, en virtud de las cuales el deudor (en este caso McDonald´s) debía velar que no recaiga ningún daño a la persona o eventualmente a los bienes de su contratante.

Este deber, de custodia abarca en su contenido prestaciones tales como la vigilancia del local, la remoción inmediata de obstáculos que hagan peligrar la circulación de los comensales, la remoción inmediata de elementos extraños que se depositen, que los pisos no sean resbaladizos, y haya señalización adecuada y toda otra medida que dentro del deber de custodia pueda caber a los efectos de resguardar la seguridad de los usuarios.

Por los argumentos expuestos, la Cámara Nacional Civil condenó a la empresa a resarcir a la clienta en concepto de incapacidad física y psíquica por un total de $60.000 y en concepto de daño moral por la suma de $25.000.

Voces

Consultado por iProfesional.com sobre el caso, el abogado experto en derecho del Consumidor, Federico Álvarez Larrondo, señaló: "El fallo en su resolución es acertado. No obstante creemos que es una discusión baladí el determinar si se estaba o no ante una responsabilidad contractual o extracontractual, dado que el art. 42 de la Constitución Nacional superó dicha dicotomía estableciendo un régimen unificado en el marco de la relación de consumo".

"Esta figura es superadora de la vieja discusión que nos planteaba el Código Civil entre las distintas órbitas, para fundirlas en la vieja relación básica entre proveedor-consumidor, comprendiendo en la primera figura a toda la cadena. En consecuencia, la protección se brinda al usuario que ingresa al salón comercial, tanto cuando contrate, como cuando no lo haga".

Larrondo aclaró que "con la reforma de la Ley 26.361, el concepto de consumidor se ha ampliado e incluye a los que usan el servicio en forma gratuita".

El experto destacó que el artículo 40 de la Ley 24.240 no pide acreditar el vicio o riesgo del servicio prestado, "sino sólo el daño derivado del servicio".

"En consecuencia, la prueba que pesaba sobre el consumidor, era la de acreditar el acaecimiento del hecho y no el vicio o riesgo del servicio. Por el contrario, sí era obligación de la empresa romper el nexo de causalidad y demostrar que la caída era producto exclusivamente del obrar de la víctima", puntualizó.

En tanto, Alejandro Fraschetti, profesor adjunto de Contratos en la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Río Cuarto, señaló que "el tema central es que existe igualmente relación de consumo y la aplicación de la Ley 24.240 (particularmente el artículo 40) implica una unificación de los sistemas de responsabilidad, siendo innecesario a los efectos prácticos hacer estas distinciones.

Y concluyó que, en este caso y de acuerdo con la normativa vigente "existe, sin lugar a dudas, relación de consumo; ya que el accidente se produce en ocasión del mismo o estando expuesto a una relación de consumo" .-

(Fuente: iProfesional.com)

Pcia. de Buenos Aires: es ley el registro para frenar el márketing telefónico

2011-11-03T16:03:00.000-07:00

El Senado bonaerense sancionó ayer el proyecto de Ley que protege a usuarios de empresas de telefonía cuando no quieran recibir llamados y/o mensajes de texto con promociones, publicidades, encuestas, etc, en lo que se conocía de antemano como "Registro no llamar".

La iniciativa sancionada por la Cámara Alta provincial reunió varios proyectos de diputados y senadores presentados en los últimos años. Concretamente, se promueve la creación en territorio provincial de un Registro que tiene como finalidad "proteger a los usuarios de servicios telefónicos de los abusos en el procedimiento de contacto, publicidad y ventas a través del denominado telemarketing".

Entre otros de sus aspectos, se determina que podrá inscribirse en el registro toda persona titular de una línea de telefonía fija o móvil que manifieste su decisión de no ser llamado o notificado por mensajes de textos, por quienes haciendo uso de datos personales, utilizan el sistema de telemarketing para publicitar, ofertar, vender y/o regalar bienes y/o servicios". La inscripción será gratuita y por tiempo indefinido.
(Fuente: Diario El Día de La Plata)

La Justicia salteña condenó a una concesionaria de autos y a General Motors a que entregue un nuevo 0 km

2011-11-03T11:57:00.000-07:00

La sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, integrada por Marcelo Domínguez y Mario D’Jallad, condenó a una concesionaria de autos (Antis S.A.) y a General Motors Argentina a entregar un O km a una mujer que compró un auto que tenia fallas de fábrica.

Se trata de la causa “Prina, Constanza vs. ANTIS S.A. y otro - Sumarísimo” iniciada luego de que la demandante comprara en 2007 un Chevrolet Corsa y que comenzará a tener inconvenientes mecánicos a menos de una semana de haber sido comprado. El vehículo ingresó al service de la concesionaria en once oportunidades durante el primer año.

Según pudo corroborarse en la causa con las pericias mecánicas realizadas, el vehículo presentaba desperfectos que “no son esperables para el tipo de unidad o cualquier unidad cero kilómetro, salido de la línea de montaje de una fábrica”, adjudicando dichas falencias a problemas de fabricación. En primera instancia se hizo lugar parcialmente al reclamo de la mujer y se ordenó el cambio del vehículo defectuoso por uno del mismo modelo.

Sin embargo uno de los encausados, General Motors, apeló el fallo bajo la base de que había cumplido con las clausulas de garantía ya que “el automóvil fue llevado al taller y reparado”. Sin embargo, los magistrados explicaron que la responsabilidad del fabricante “existe, aún cuando no sea el vendedor, es decir frente al adquirente no directo”.

Para el Tribunal se probó “que la actora adquirió un vehículo cero kilómetro que no pudo usar con regularidad” a raíz de “los inconvenientes sufridos y las consecuentes visitas al servicio técnico de la concesionaria, circunstancia que no está en las expectativas de quien adquiere un automóvil nuevo”.

La Cámara, a diferencia de la instancia anterior, sostuvo que el artículo 17 inciso a de la Ley de Defensa del Consumidor permite pedir la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas características. Razón por la cual “entregarle hoy a la accionante un vehículo igual al comprado, cero kilómetro, pero fabricado en el año 2007 –a más de ser una solución que se avizora como impracticable-, no cumple la condición de revestir las mismas características que la cosa adquirida tal como impone la norma que se aplica”.

Así, consignan que “corresponde que el reemplazo del bien adquirido sea por uno igual -o el modelo que lo hubiese reemplazado en el mercado- cero kilómetro, correspondiente al año de fabricación al momento en que se proceda al cumplimiento de la sentencia”.

(Fuente: DiarioJudicial.com)

Hay una luz judicial al final del 'apagón' de Blackberry

2011-11-03T11:53:00.000-07:00

Caos, descontrol, crisis. Las redes sociales rebosantes de mensajes de personas indignadas, tanto en Facebook como en Twitter. Algunos preocupados, otros irritados, pero la mayoría buscando explicaciones. Esto fue parte de las reacciones generadas frente a la caída del servicio de Blackberry a nivel mundial, para lo que hay que tener en consideración que más de 70 millones de personas en el mundo cuentan con el sistema que provee la compañía canadiense RIM.

Frente a esto, las empresas proveedoras del servicio en Argentina salieron rápidamente a ofrecer resarcimientos para evitar lo que seguramente iba a ser un gran caudal de reclamos de parte de los usuarios.

“Los clientes de Personal que utilizan Blackberry vieron afectada la calidad y disponibilidad de sus servicios producto de una falla en el sistema de la empresa RIM. Como parte de su política de satisfacción de cliente, Personal ha decidido implementar una bonificaciòn, de manera automática, del 20% del abono de BlackBerry en la próxima factura de quienes tengan este servicio contratado”, aseguraron desde, precisamente, la empresa Personal.

En tanto, desde Movistar anunciaron que la empresa “ha decidido realizar una bonificación proporcional del abono por el servicio de BlackBerry a todos los clientes afectados por los inconvenientes ocurridos en la empresa RIM (proveedora del servicio). La misma se verá reflejada en su próxima factura, sin necesidad de realizar ninguna gestión adicional. Estos acontecimientos son de público conocimiento y afectan de manera directa el servicio de datos que ofrece Movistar".

Pero estas medidas llevadas adelante por las empresas, ¿podrán evitar un aluvión de juicios?

En la opinión de la abogada Fernanda Díaz, del estudio Liste Vilas y Asociados, que se especializa en Defensa al Consumidor, la iniciativa de las compañías tendría que ser suficiente para enmendar el problema en el servicio.

“En este caso, para evitar que todos los usuarios vayan a las empresas que prestan el servicio de Blackberry y RIM en Argentina a hacer los reclamos, se tomaron medidas rápidamente. De todas formas las compañías se van a defender diciendo que el servicio no es de ellos, que en realidad pertenece, precisamente, a Blackberry y ellos son solo subsidiarios”, aseguró Díaz.

Antes de que las empresas ofrezcan resarcimientos por la pérdida temporal del servicio, la abogada Valeria Vaccaro, de los Consultores en Derechos del Consumidor, aseguraron que “seguramente las empresas de telefonía celular aludan que ellas no tienen nada que ver en este problema pero ellas deben devolver el dinero o bien descontarlo de la próxima factura”, en consonancia con la opinión de Díaz.

En tanto, la abogada Sandra González, representante de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA), aseguró que había que ser más pacientes y tener en cuenta que hay instancias previas a la judicial.

“Primero hay que agotar las vías administrativas antes de hacer un reclamo a través del Poder Judicial. Obviamente que si no hay curso por este medio se puede llegar a otra instancia, pero desde nuestro lugar buscamos ir por el primer camino ante todo”, opinó González.

Con respecto al hecho de las posibles demandas que podrían enfrentar las empresas, la letrada reconoció que hay posibilidades de que sucedan. “Hay que ver cada caso en particular, no es lo mismo un usuario regular de telefonía que una persona cuya única conexión con otras personas sea a través del teléfono y que, por ejemplo, tampoco tiene Internet”, consignó la integrante de ADECUA.

Las repercusiones del caso llegaron inclusive a tratarse a nivel parlamentario. En México, el senador Fernando Castro Trenti, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, exhortó a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) a que se le imponga una multa o sanción a los operadores y empresas que comercializan los dispositivos.

"Las tecnologías de la información se han convertido en un elemento clave de la vida productiva del país, por eso la afectación de miles de usuarios por parte de BlackBerry no puede quedar en un usted disculpe, deben tomarse medidas para reparar los daños provocados por estas fallas y sobre todo garantizar que no se repetirán en el futuro”, aseguró el senador.

Finalmente, el abogado Jorge Pinto González Bonorino, abogado especialista en Defensa al Consumidor, precisó que “se puede llegar a una instancia judicial ya que las personas que usan Blackberry pueden haber tenido muchos tipos de problemas”.

Según consignó el letrado, “según lo establecido por la Ley, por el simple hecho de violar el contrato de consumo con respecto a la prestación que ofrecen las empresas se pueden iniciar acciones legales. Se puede hacer un reclamo por daño moral, punitivo y si los usuarios pueden probar algún otro daño, también”.

“El trámite comienza con el reclamo, se atiende en una mediación y en esa instancia se plantea la situación sufrida por el cliente. Ellos pueden hacer una oferta y el usuario aceptarla, pero todo estará medido en base al daño recibido”, precisó González Bonorino.

En conclusión, el abogado entendió que hay personas que pueden haber resultado más perjudicados que otros. “Es como el cuento de los cortes de luz. Las empresas establecen una bonificación pero no saben en qué medida te dañaron. De todas formas, como todo reclamo que llega a instancias judiciales, uno nunca sabe qué decisión tomará el juez con respecto a la situación dada”.
Según expresó el abogado, “seguramente habrá reclamos judiciales contra las empresas”.

(Fuente: DiarioJudicial.com)

Frávega tuvo que indemnizar a cliente por no cambiarle un televisor que funcionaba mal

2011-10-25T15:17:00.000-07:00

La Dirección de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires le impuso una multa a la cadena de electrodomésticos Frávega, además de la obligación de resarcir a un cliente que denunció a la empresa por no cumplir con el deber de garantía de un televisor que presentó fallas en su funcionamiento.

El resarcimiento, ya pagado por el comercio, fue de $1630, el valor actual del electrodoméstico. Además, la empresa deberá abonar una multa de $2.000 por incumplir con las disposiciones legales que protegen al consumidor.

Eduardo Macchiavelli, Subsecretario de Atención Ciudadana, expresó: "Los vecinos tienen una respuesta efectiva a sus reclamos y las compañías que sí cumplen con las normativas se sienten respaldadas. Cambiar la lógica del castigo es un tema cultural."

Este caso se encuadra dentro de las nuevas disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor, que permite a cualquier vecino solicitar un resarcimiento cuando una empresa afecta sus derechos ocasionando un daño directo sobre los bienes o su persona.

El Director General de Defensa del Consumidor, Juan Manuel Gallo explicó que "la nueva figura jurídica de daño directo que admite determinar un resarcimiento, es una herramienta que permite dar una respuesta acorde a las necesidades que tienen los consumidores".

La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, ofrece asesoramiento personalizado y tramita denuncias en los 15 Centros de Gestión y Participación Comunal de la Ciudad de Buenos Aires. Los ciudadanos además tienen la opción de comunicarse vía telefónica con el 147 para recibir orientación y acercarse a la oficina más próxima a su domicilio o lugar de trabajo.

(Fuente: iProfesional.com)

Fue a Easy por producto en oferta, reclamó por falta de stock y la firma fue multada con $80.000

2011-10-17T14:29:00.000-07:00

Las empresas suelen recurrir a publicar ofertas en medios gráficos, sitios online, televisión, entre otras opciones, con el fin de captar la atención de potenciales clientes.

En muchos casos, las tentadoras promociones van acompañadas de descuentos o un "dos por uno" o "el segundo a mitad de precio" y también consignan en la "letra chica" que son válidas "hasta agotar stock".

Entonces, cuando el consumidor se acerca al comercio y el vendedor responde que el producto se agotó, el entusiasmo del primer momento puede llegar a transformarse en frustración o bronca, al punto de sentirse manipulado en su tiempo y en su voluntad.

En este escenario, hace pocos días, se dio a conocer una sentencia donde la Justicia confirmó una multa contra la empresa Cencosud, propietaria del supermercado Easy. La sanción fue aplicada a raíz de que una persona denunció que no pudo adquirir una carpa, que la firma había ofertado a través de una revista, ya que cuando fue a solicitarla le informaron que "no quedaban".

Si bien en el caso bajo análisis se multó a la empresa en base a la Ley de Lealtad Comercial, también se aplicó la Ley de Defensa del Consumidor que, en su artículo séptimo, regula lo atinente a la oferta y venta de productos.

El 7 de enero de 2008, una clienta asentó una denuncia en el Libro de Quejas del supermercado porque en la sucursal a la que había concurrido no pudo adquirir una carpa para 2 personas, que la firma había ofertado en el catálogo, pues no había suficiente stock.

Por ese motivo, y como la denuncia llegó a sede administrativa, el Director Nacional de Comercio Interior le impuso a Cencosud una multa de $80.000 por infringir el artículo 9 de la Ley 22.802 de Lealtad Comercial.

Allí, se estipula que "queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios".

En su resolución, el funcionario señaló que la publicidad efectuada en el catálogo tenía aptitud suficiente para inducir a error, respecto de la cantidad y condiciones de comercialización del producto ofrecido.

En cuanto a la graduación de la multa, tomó en consideración las circunstancias del caso, el tamaño y tipografía de la publicidad y el registro de antecedentes por infracción a la mencionada norma.

Entonces, la empresa apeló la resolución ante la Cámara ya que, desde su punto de vista, no se tuvieron en cuenta las pruebas y la decisión sólo se fundó en los dichos de la denunciante.

Además, afirmó que la multa impuesta era desproporcionada y arbitraria porque no se consideraron las particularidades del caso.

"El objetivo de la Ley de Lealtad Comercial es asegurar, mediante las exigencias que contiene, un desarrollo de la actividad comercial en el que se preserve la lealtad en las relacionas comerciales, lo que comprende tanto al consumidor como a los competidores, garantizando la información clara, precisa y debida a fin de evitar posibles engaños o errores que atenten contra la transparencia de la actividad", indicaron los magistrados.

Luego, señalaron que, de la lectura de dicho catálogo, se advierte que la sancionada, al promocionar el producto, había especificado el stock de 7.950 unidades. Sin embargo, no acompañó ninguna constancia que acreditara que, el día en cuestión, en esa sucursal existía la cantidad suficiente de productos para cubrir la demanda.

Así las cosas, la autoridad de aplicación intimó a la firma para que justificara, mediante documentación respaldatoria, si el día en cuestión había stock disponible en el local de Easy de Palermo. A tal efecto, la empresa presentó un ticket de compra que acreditaba la venta de una carpa, pero no la cantidad total con la que contaba la sucursal para ofrecer al público.

Es decir, ello daba certeza de que existía una carpa, pero no aclaraba cuánta mercadería quedaba en stock. Además, la denunciante probó que ese mismo día realizó una compra de dos unidades con características similares a la de la promoción (para 2 personas) aunque a un mayor precio.

De esta manera, los magistrados no encontraron motivos para considerar incierta la denuncia efectuada en el Libro de Quejas del supermercado.

En tales condiciones, confirmaron la disposición apelada y el monto de la sanción.

(Fuente: iProfesional.com)

Multaron a Coto por Violar la Ley de Lealtad Comercial

2011-10-06T15:42:00.000-07:00

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una multa por publicidad engañosa que la Dirección Nacional de Comercio Interior le aplicó a Supermercados Coto.

La causa fue iniciada a raíz de una denuncia efectuada por un clienta, en la que argumentó que Coto había omitido efectuarle la rebaja del 20% sobre el producto más el 5% por la devolución del IVA que la cadena había publicitado respecto de la compra de productos todos los lunes de febrero, marzo y abril de 2009, lo cual motivó una sanción al supermercado por $100.000.

En su queja, la empresa alegó que los productos adquiridos no entraban en la promoción y que había hecho una descripción minuciosa sobre el alcance de los descuentos mediante asteriscos en los folletos publicitarios.

De todos modos, la Sala II de la Cámara corroboró que en dos tickets de compra de la clienta no se habían realizado los descuentos correspondientes a tres productos que estaban comprendidos en la promoción lanzada por el supermercado.

Por consiguiente, la empresa Coto recibió una sanción en virtud del criterio previsto por el artículo 9 de la Ley de Lealtad Comercial, el cual prohíbe la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión, como sucedió en este caso.

En su sentencia, los camaristas indicaron que el fin de la ley radica en cuidar a los consumidores de indicaciones poco claras o engañosas, inexactitudes, inducciones a error o falsedad en la adquisición de productos, mercaderías, o en la contratación de servicios, toda vez que se resguarde su derecho a una información adecuada, completa y veraz, en relación al consumo.

(Fuente: abogados.com.ar)

Se modificó el “Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios” bonaerense

2011-09-24T12:36:00.000-07:00

Se aprobó el pasado jueves 22 de septiembre en la legislatura de la provincia de Buenos Aires el proyecto presentado por el diputado bonaerense Iván Budassi (FpV-PJ) que modifica la ley 13.133 que legisla el sistema de protección a los derechos del consumidor.

El diputado Budassi (FPV-PJ) explicó su proyecto, destinado a agilizar los trámites de modo que todos los bonaerenses se vean beneficiados en la defensa de sus derechos como consumidores: “En primer término, se propone que los juicios en los que se analicen las cuestiones tratadas por las autoridades de Defensa del consumidor tramiten por la vía más rápida que prevé la legislación local: el juicio sumarísimo. Con esto se pretende que los diferendos se zanjen de la manera más expeditiva posible y que se hagan efectivas las sanciones que se impongan a las empresas que tengan conductas abusivas que afecten a los consumidores”.

“Además, el proyecto se encarga de aclarar una situación que se encuentra ahora en disputa, vinculada a qué tribunales deben entender en las cuestiones analizadas por los entes de defensa del consumidor. Se establece que las cuestiones entre particulares irán a los juzgados civiles y comerciales”.

“Los que involucren a prestatarios de servicios públicos, o cuestiones regidas por el derecho público, irán a los juzgados contencioso administrativos. Las sanciones que aplique la autoridad serán revisadas por ese mismo juzgado”, concluyó Budassi.

En el Plenario Anual de Defensa del Consumidor de este año, conformado por distintas OMIC de toda la provincia, el Dr. Fabricio De Arriba Arévalo, director de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Bahía Blanca, comentó que en aquella oportunidad se analizó el estado general del sistema de protección de los consumidores en la provincia, y las diversas propuestas de modificación de la legislación vigente.

De Arriba Arévalo destacó que el proyecto del legislador bahiense Iván Budassi generó especial atención y declaró: “Consideramos que la propuesta solucionaría uno de los problemas más importantes que padecemos quienes debemos aplicar la legislación del consumidor en la provincia: el de cómo agilizar y hacer más eficiente la revisión judicial de las medidas que ordenamos tomar y de las sanciones que aplicamos. Diferentes fallos consideran de manera distinta dónde deben radicarse las causas que se generan en nuestras oficinas, lo que produce dilaciones que pueden llevar años”, señaló.

(Fuente: La Rosca Política)

Nuevos modelos orientativos para reclamar a Cablevisión por el aumento precio del cable más allá de los $116 permitidos

2011-09-07T15:12:00.000-07:00

Para todos aquellos lectores del blog que han consultado al respecto les transcribo a continuación los nuevos ”modelos” o ejemplos de reclamos que la Asociación de defensa de los consumidores "Protectora" ha elaborado y publicado en su sitio de internet para ser utilizados por todos aquellos usuarios del servicio de televisión por cable que, ante el aumento de la tarifa del abono básico mensual, correspondiente a los meses de SEPTIEMBRE y OCTUBRE DE 2011, más allá de los $116, deseen reclamar a la empresa Cablevisión S.A. solicitando el cese del aumento y la restitución de lo cobrado demás.

Si Ud. es abonado de Cablevisión S.A., y su Abono Básico Mensual es superior a la suma de PESOS CIENTO DIECISEIS ($ 116,00) mensuales, lo mismo se encuentra en infracción a la Ley. Por lo que con esta nota de reclamo ud. solicitará el cese del aumento y la restitución de lo cobrado por demás.

PASO 1: RECLAMO A CABLEVISION S.A.

RECLAMAR. Para lo mismo lo puede hacer:

Por TELEFENO: pidiendo el número de reclamo
Por INTERNET: registrando el número de reclamo
Por CARTA DOCUMENTO, conservando copia y recepción
Por NOTA FIRMADA, conservando su constancia de recepción

Nota modelo :

CABLEVISION S.A.

S / D:

JUAN PEREZ, DNI Nº ……, con domicilio en xxxx, localidad: xxx , Provincia de xxx, se presenta ante Uds., a fin de reclamar lo siguiente:

Hechos: Que siendo abonado Nº …………., de su empresa, le solicito el cumplimiento de la Resolución 123/2011 en su artículo 1º y 2º, dictada por la Secretaria de Comercio de la Nación.

Por lo que me presento a reclamar el cumplimiento inmediato dela citada resolución en su:

Firma: xxxxxxxxx

──────────────────────────────

En caso que la Empresa Cablevisión, rechace el pedido o de alguna manera lo obstaculice ud. debe seguir con lo siguiente:

PASO 2: DENUNCIA A DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Para lo mismo deberá concurrir a la oficina gubernamental de defensa al consumidor de su localidad, llenando este modelo y presentándolo con la copia correspondiente.

MODELO DE DENUNCIA : x triplicado.

──────────────────────────────

Organismo de Defensa del Consumidor

S / D:

JUAN PEREZ, DNI Nº ……, con domicilio en xxxx, localidad: xxx , Provincia de xxx, se presenta ante Uds., a fin de denunciar lo siguiente:

Denunciada: Empresa Cablevisión S.A., con domicilio en XXX , localidad XXX; Provincia de XXX.

Hechos: Que siendo abonado Nº …………, de la empresa denunciada, conforme acredito con facturas, la misma no ha cumplido con la Resolución 123/2011 en su artículo 1º y 2º, no obstante haber efectuado el debido reclamo que le he realizado y que acredito con su nº y copia.

Por lo que me presento a reclamar el cumplimiento de la citada resolución

Prueba:

Documental: agregar original y copia de una factura anterior al aumento y las facturas con aumento superior a los PESOS CIENTO DIECISEIS ($ 116,00) mensuales, y copia o nº de reclamo si fue telefónico. (Por DUPLICADO)

Petición: Por lo expuesto solicito;

2) Infracción y Restitución: Se declare en infracción la conducta de la Denunciada, por la normativa citada y se proceda a restituir los fondos cobrados en forma ilegal, con sus intereses.-

4) Sanciones: por la conducta asumida por la denunciada, solicito que la misma le sea aplicada la multa prevista en el art. 47 inc. B), Ley 24.240 y/o cualquier otra sanción que correspondiere.

Firma: xxxxxxxxx

(Fuente: http://www.protectora.org.ar/lealtad-comercial/formulario-de-reclamo-a-empresa-cablevision-por-aumento-precio-del-cable-116/7407/)

La Secretaría de Comercio fijó el nuevo precio del abono de Cablevisión: 116 pesos

2011-09-07T15:01:00.000-07:00

La Secretaría de Comercio Interior de la Nación ha establecido, mediante la Resolución 123/11, que el precio del abono mensual del servicio de televisión paga de la empresa Cablevisión S.A. para los meses de septiembre y octubre se fija en $116.

En el marco de su competencia, de acuerdo a criterios de razonabilidad adecuados a la actividad económica respectiva que le otorga la Resolución 50, y como consecuencia del incremento de costos generados en la explotación de la actividad, la Secretaría de Comercio ha determinado que corresponde actualizar el monto del abono básico mensual del servicio de televisión paga que –hasta la fecha- había sido fijado en $109 (en virtud de lo establecido en la citada Resolución 50/10 y en las Res. 36/11, 65/11 y 92/11, todas de la Secretaría de Comercio).

¿Qué establece la Resolución 50 de marzo de 2010?
Esta medida establece la obligatoriedad de informar a la Secretaría de Comercio Interior (SCI) respecto de los costos de las empresas de televisión paga, con el fin de que estas empresas puedan efectuar aumentos, teniendo en cuenta un margen razonable de ganancias. Los ítems que conforman la fórmula para calcular dicho margen son: capital total empleado por las empresas, monto de inversión necesaria para proveer el servicio, gasto de operación de la red (incluye administración del operador), gasto anual de aprovisionamiento de contenidos (es decir, lo que la cableoperadora paga por tener las señales), gasto de comercialización, tasa de retorno anual de la actividad considerada y otros ingresos derivados de la explotación de la red.

La medida sostiene en sus considerandos que “el Estado Nacional asume la obligación de garantizar la defensa de las condiciones y nivel de vida de la población, sobre todo en aquellos servicios que abastecen a millones de usuarios y, en especial, cuando afectan el derecho a un tratamiento equitativo y digno”.

(Fuente: Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación)

Confirman multa impuesta a Claro por enviar mensajes de texto engañosos

2011-08-14T14:26:00.000-07:00

La Justicia falló a favor de la Dirección Nacional de Comercio Interior y multó a la empresa de celulares Claro por considerar que la compañía infringió la Ley 22.802 de Lealtad Comercial. Según precisaron los magistrados, la información suministrada por mensaje de texto acerca de una promoción no era suficiente y podía resultar tendenciosa.

“Las peculiares características del SMS, resulta imposible incluir toda la información relativa a la promoción en el mismo. El SMS es un simple aviso sobre la existencia de una promoción, cuyas condiciones de vigencia se encuentran detalladas en la página web de Claro, amén de que los clientes también pueden comunicarse con Atención al Cliente a través de sus celulares.”

De esa forma pretendió defender su apelación la empresa de telefonía Claro ante la multa de 60.000 pesos impuesta por la Dirección Nacional de Comercio Interior (DNCI).

Es que desde el organismo decidieron multar a compañía debido a que un usuario recibió información vía SMS acerca de una promoción relacionada con las recargas de crédito que solo funcionaba con las tarjetas prepagas de dos precios, algo que no estaba precisado en el mensaje de texto.

La DNCI basó su decisión en el artículo 21 de la Ley 22.802 de Lealtad Comercial al no brindar la información de manera precisa al usuario.

En tanto, desde la empresa manifestaron que “el aviso por SMS únicamente invitaba a los clientes a interiorizarse sobre la promoción existente para ese día en particular; además tal información habitualmente se encuentra publicada en el sito web de la firma, ya que las TPP (tarjetas prepagas) superiores a $ 30 cuentan con el beneficio ‘duplica tu carga’”.

En los autos “AMX Argentina S.A. c/DNCI Disposición N° 219/10” los jueces de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo se inclinaron a favor del organismo estatal.

En primer lugar, los magistrados recordaron el artículo 9 de la Ley de Lealtad Comercial que indica: "Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios”.

“Es dable destacar que la circunstancia de que el usuario debe ingresar en la página web de la firma para acceder a información relevante vinculada a la citada promoción (como es el citado limite de cargas de entre 15 y 29 pesos), induce en forma palmaria a error, engaño o confusión a los potenciales usuarios”, aseveraron los jueces.

A su vez, consignaron que “aun cuando resulta de toda obviedad que la capacidad del mensaje de texto es insuficiente para contener la totalidad de la información concerniente a la promoción, también parece incuestionable el deber del oferente de suministrar, cuanto menos, la información mínima y básica para participar en la promoción y ser alcanzado por sus beneficios”.

Además, los magistrados señalaron que “la citada norma exige, en consonancia con los propósitos de la Ley de Lealtad Comercial, que los anuncios sean hechos con una serie de precisiones que faciliten la información de los consumidores y que den inmediato respaldo al ofrecimiento”.

“Ello redunda en beneficio de los consumidores, evitando que sean inducidos a error de falsedad en la adquisición de productos, mercadería o en la contratación de servicios. Protegiéndose de este modo el derecho de aquellos a una información adecuada, completa y veraz, en la relación de consumo.” (Fuente: Diario Judicial)

Fallo judicial dispone que el detalle de la facturación de la telefonía celular debe ser remitido en forma gratuita

2011-08-13T15:50:00.000-07:00

El Juzgado Nº 11 en lo Contencioso Administrativo declaró inconstitucional el artículo 37 de la Resolución de la Secretaría de Comunicaciones Nº 490/97 -Reglamento de Clientes de Servicios de Comunicaciones Móviles-, pues la norma ponía a cargo del cliente, en caso de solicitarlo por un período determinado o períodos determinados, el costo de la facturación detallada de los consumos realizados.

El Tribunal Federal, a cargo de la Jueza María José Sarmiento, indicó que el artículo 37 de la Resolución 490/97 "colisiona con el principio protectorio de los consumidores, contenido en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que establece el derecho a una información completa y veraz y a la protección de sus intereses económicos".
En el caso, una asociación de consumidores y usuarios solicitó ante la Justicia que se declare inconstitucional el artículo 37 de la Resolución 490/97 de la Secretaría de Comunicaciones. La norma ponía a cargo del cliente el costo de emisión de una factura detallada de los consumos realizados, en caso de solicitar este resumen por uno o más períodos determinados.

Una vez iniciado el proceso, la entidad demandada interpuso una excepción por falta de legitimación activa. Señaló que el objeto del pedido se vinculaba con intereses individuales y que por ende, la asociación de consumidores y usuarios no tenía facultades para entablar la acción.
En primer término, la Jueza Federal indicó que "la obligación de informar el detalle de las llamadas no es muy diferente de la que tiene cualquier comerciante de emitir una factura consignando en ella los bienes o servicios que constituyen la causa del precio que cobra".
"Si bien ello no significa sin más que los prestadores deban enviar a toda la masa de clientes el detalle de cada una de las llamadas y mensajes de texto, a expresa solicitud, por un período o períodos determinados, aparece como ajustado al artículo 42 de la Constitución y al artículo 4 de la Ley 24.240, que el detalle de la facturación sea remitido en forma gratuita", puntualizó el Tribunal Contencioso.

Luego, la titular del Juzgado Federal manifestó que la información de dichas facturas podía "resultar necesaria a los fines de efectuar reclamos" y recordó que la Ley de Defensa del Consumidor "dispone la gratuidad de la información".
"La Asociación de consumidores actora se encuentra legitimada para demandar a la Secretaría de Comunicaciones a fin de que se deje sin efecto el artículo 37 de la Resolución 490/97, en cuanto establece que la información detallada del consumo que le brinde el prestador del servicio al usuario deberá ser soportado por este último", afirmó después la funcionaria del Tribunal Contencioso Administrativo.

Dicho esto, la Jueza Federal expresó que "siguiendo el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Halabi, se puede concluir que se está en presencia de derechos de incidencia colectiva que permiten a las asociaciones como la actora, actuar en defensa de estos derechos de tercera generación, más allá de que ellos tengan condición de intereses individuales".
Eso es así "en virtud de su homogeneidad, razón por la cual, corresponde rechazar la excepción por falta de legitimación activa planteada por la demandada", añadió la titular del Tribunal de Primera Instancia.

Por tales razones, la Jueza María José Sarmiento decidió rechazar la excepción de falta de legitimación activa planteada por la parte demandada y, en consecuencia, declarar inconstitucional el artículo 37 de la Resolución 490/97 conforme el pedido formulado por la asociación de consumidores.
(Fuente: Diario Judicial)

La prepaga tiene que cubrir el embarazo y también el parto

2011-07-30T15:32:00.000-07:00

La sala I de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, integrada por Carlos Balbín, Inés Weinberg de Roca y Horacio Corti, confirmó una disposición de la Dirección de Defensa del Consumidor porteña que ordenó a la empresa de medicina prepaga, Galeno S.A., a que cubra el embarazo y parto de una mujer.

Se trata de la causa “Galeno Argentina S.A. c/ GCBA” que se inició luego de una mujer solicitara a la empresa la “cobertura de atención por su estado de embarazo”. La empresa Galeno S.A. para negarse a tal solicitud argumentó que “el embarazo era anterior a la contratación y que, ante la omisión de mencionarlo, se procedió a la baja del servicio”.

La mujer recurrió a la Dirección de Defensa del Consumidor que mediante resolución “decretó el cese de conducta que se reputa violatoria de la ley, haciéndole saber a Galeno S.A que deberá autorizar, con cobertura del 100%, la atención durante del embarazo y parto a la denunciante”. Ello puesto que se “halla en juego el derecho a la salud”.

Galeno S.A. presentó un recurso de apelación ante la Cámara contra la mencionada disposición que además ordenaba acreditar el cumplimiento de la cobertura en el término de cinco días.

Los camaristas por su parte sostuvieron que “el derecho a la salud se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la vida y el principio de autonomía personal” que “se encuentra reconocido en los tratados internacionales con rango constitucional” y “en el ámbito local, existe una abundante legislación que tiende a la protección específica del derecho constitucional a la salud”.

Así, los jueces sostienen que “lo expuesto basta para considerar que la tutela preventiva dispuesta por la autoridad administrativa de aplicación… encuentra suficiente fundamento jurídico”, ya que “tiende a preservar el derecho del afiliado a la salud y a la integridad personal, evitando las eventuales consecuencias dañosas posibles que se podría producir por la falta o interrupción de atención”.

“La atención requerida resulta ser la necesaria y urgente” consigna el tribunal y concluye en confirmar la disposición de la Dirección de Atención al Consumidor que ordenó la cobertura del embarazo y parto de la mujer.

“La relación contractual que vincula a Galeno S.A y a su afiliada resulta alcanzada por las normas que regulan y protegen los derechos de los consumidores y usuarios, es pertinente señalar que, en caso de duda, debe estarse siempre a la solución que resulte más favorable para estos últimos”, sentencian. (Fuente: Diario Judicial)

Denuncia penal contra Cablevisión por no bajar el abono en La Plata

2011-07-23T16:16:00.000-07:00

La Justicia de Faltas de La Plata resolvió iniciar una causa penal contra la empresa Cablevisión y pidió que se investigue la presunta comisión del delito de defraudación debido a que esa firma no ha reducido la tarifa conforme a un fallo emitido por el mismo juzgado en mayo último y basado en una resolución de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.

De acuerdo con esa resolución del área de control de precios del Gobierno, se fijó en $109 el abono básico del servicio de televisión por cable que brinda Cablevisión pero la empresa siguió cobrando $147.

En ese marco, en La Plata, el juez de Faltas Dante Rusconi dispuso en mayo último una medida preventiva en favor de usuarios de Cablevisión y ordenó a la empresa cobrar $109 mensuales en lugar de $147. El magistrado municipal, que tiene competencia en temas de Defensa del Consumidor, le dio carácter colectivo a la presentación que había realizado un particular y se basó en que “el encarecimiento en la facturación del servicio en treinta y ocho pesos mensuales podría impedir o dificultar el pago de las facturas y ello derivar en cortes o restricciones del servicio”.

En aquella resolución, Rusconi le dio a Cablevisión 10 días hábiles para reducir la tarifa, bajo apercibimiento de dar intervención a la Justicia Penal para que investigara si se cometió delito de defraudación.

Además ordenó a la empresa de TV por cable que arbitrara las medidas necesarias para permitir que los usuarios platenses puedan pagar la tarifa de 109 pesos y se abstuviese de alterar las condiciones bajo las cuales presta el servicio.

LA NUEVA RESOLUCION

Ante el incumplimiento de esa resolución, ahora el juez Rusconi realizó una denuncia penal en la Fiscalía de turno de esta ciudad contra el presidente de la empresa Cablevisión.

“Pedimos se investigue el incumplimiento a la orden de este Juzgado de aplicar el abono de 109 pesos, establecido por las resoluciones de la Secretaría de Comercio de la Nación y que se investigue si no incurren potencialmente en una defraudación al cobrar una tarifa por encima de lo establecido”, se indica en la demanda donde menciona la posibilidad de que Cablevisión pueda estar realizando acciones para un presunto “enriquecimiento sin causa”.

En el fallo se rechazó además un pedido de la empresa para que se levante la medida cautelar dispuesta (de bajar la tarifa), tras invocar un fallo de la Justicia Federal de Córdoba, por considerar que “se trata de otra jurisdicción”.

(Fuente: Diario ¨El día¨)

Consejos para la compra por Internet

2011-07-19T13:27:00.000-07:00

Con una conexión de internet, se nos brinda la posibilidad de conocer sobre un producto, sus características, sus distintos accesorios, tipos y calidades, y lo que es más importante el precio. Nunca más, el comerciante local, se aprovechará de nuestra ignorancia, vendiéndonos productos obsoletos, o con sobreprecios. Ahora disponemos de un mundo para comprar, pero con cuidado siguiendo estos Consejos de Protectora, Asociación de Defensa del Consumidor.

Web Extranjeras: La compra en internet es protegida por la Ley Argentina con mayor garantía que la compra tradicional, pero no lo protegerá si compra en sitios web y portales extranjeros porque carece de jurisdicción.

Web Argentinas: Las empresas argentinas están obligadas a informar su nombre, domicilio y Cuit en la venta telefónica, por correo o internet. Verifique su existencia. Use este link si tiene dudas de la existencia del sitio: NIC Argentina

Datos Es muy importante obtener los datos de la empresa que se está comprando. Conservar los datos enviados por correo electrónico y también la dirección de URL donde se realizó la compra.

Archivar: los correos electrónicos enviados y recibidos; guardar las imágenes y los textos mostrados para publicitar el producto e imprimirlos. Siempre solicita la factura de lo comprado, y el remito de entrega, te servirá para cualquier reclamación.

Costos: Como en cualquier compra que se hace a distancia, debe averiguar el costo del flete, tiempo de entrega, seguro, impuestos y forma de pago.

Nunca compre en efectivo, con giros postales o a través de empresas de envío de dinero que no permitan verificar al vendedor. Siempre desconfíe. Prefiera los sitios donde el pago se hace por medio de tarjetas de crédito, o empresas reconocidas que brindan servicios de pago seguro.

Prevención: Siempre sea cauto y consulte a otros sobre experiencias que hayan tenido. Utilice para sus compras los portales de venta o sitios de empresas reconocidas por su venta on-line. No compre a cualquiera que ofrezca mediante mail masivos. Si le piden dinero en adelanto para reservas, solicite datos para corroborar la existencia del comercio.

Verifique: Antes de cerrar la operación, verifique la existencia del producto en stock, tiempo de entrega, formas de devolución, extensión de la garantía (obligatoriamente la Ley dispone tres meses en productos usados y seis meses en productos nuevos) y si tiene centros de atención de la mismas y repuestos, en su localidad.

Devolución Diez días: El consumidor tiene derecho a devolver el producto que recibió, durante el plazo de DIEZ (10) días corridos contados a partir de la fecha en que se entregue el bien o se celebre el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna. Muy importante es conservar el remito para saber la fecha en que se recibió el producto. Se devuelve sin tener que dar explicaciones, y se pide la restitución de la totalidad del dinero pagado, sin que se le pueda cobrar por el flete o gastos extra).

(Fuente: http://www.protectora.org.ar/).-

Condenan a Cervecería y Maltería Quilmes a pagar a un consumidor 2 millones de pesos en concepto de daño punitivo

2011-06-11T18:05:00.000-07:00

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 5ta Nominación de Córdoba, a cargo de la jueza Susana de Jorge de Nole, condenó a la empresa Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. a abonar la suma de 2.000.000 pesos en concepto de daño punitivo, a favor de un consumidor que encontró un envase de gel íntimo abierto dentro de una botella de vidrio de gaseosa marca Pepsi, producida por la entidad accionada.

En el caso, un particular demandó a la Cervecería y Maltería Quilmes debido a que compró en un kiosco una botella de 1,25 lts., de vidrio, de gaseosa marca “Pepsi” que tenía adentro, flotando, un envoltorio de gel íntimo para preservativos marca “Prime”, abierto y usado. El demandante solicitó un producto equivalente al defectuoso, 1.500 pesos por daño moral, y 2.000.000 de pesos en concepto de daño punitivo. Enmarcó sus peticiones en las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor.

La empresa negó la calidad de “consumidor” del actor, pues sostuvo que éste no había acreditado la adquisición del producto. Negó también la existencia de una “relación de consumo”, el grave riesgo a la salud invocado por el particular y el “asco” que supuestamente le produjo el hallazgo, pues demoró mucho en realizar un reclamo formal por el suceso.

En primer término, el Juzgado Civil precisó que no estaba controvertido en la causa “que la accionada –Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G.A.-, a quien se demanda en su carácter de productora, distribuidora y proveedora del tipo de gaseosa a la que pertenece la botella que dice haber adquirido el actor, reconoce ser productor de las gaseosas marca Pepsi, del tipo de la botella de referencia”.

Luego, el Tribunal cordobés expresó que “resulta irrelevante la omisión, en que según la demandada incurre el actor, al no haber acreditado la compra del bien, ya que el sólo hecho de tener la botella de gaseosa en su poder, como usuario, a los fines de su consumo, lo legitima para accionar invocando una relación de consumo”.

“La ley protege al consumidor frente a quien interviene en toda la cadena de comercialización del producto, independientemente de que sea quien haya comercializado en forma directa al público consumidor sus productos elaborados”, puntualizó además la Jueza de grado.

Dicho esto, el Juzgado Civil provincial manifestó que “la botella de gaseosa que el actor tenía en su poder no se encontraba en condiciones de ser consumida, sin perjuicio de que se pueda discutir sobre si el elemento que se encuentra en su interior, es nocivo o no, para la salud del consumidor”.

“El producto elaborado por la empresa demandada, en poder del actor, como consumidor, no se encontraba en condiciones de ser consumida, naciendo de tal forma la responsabilidad de la empresa demandada ante el incumplimiento de la obligación que le impone la ley de elaborar y distribuir productos de calidad y que cumplan adecuadamente la finalidad perseguida”, añadió el Tribunal cordobés.

Además, la Justicia cordobesa, resaltó el carácter “objetivo” de la responsabilidad derivada de las relaciones de consumo. “Por haber lanzado al mercado una cosa viciosa, en el sentido de cosa que contiene un defecto que le impide cumplir la función para la que está destinada, la obligación de responder surge clara, debiendo en consecuencia entregar a la parte actora una botella de similares características a la que nos ocupa, como forma de reparación en especie”, agregó el Juzgado de primera instancia.

Respecto del daño moral reclamado el Tribunal señaló que “la cuestión queda comprendida dentro de la órbita de la responsabilidad extracontractual”. “Nos encontramos frente a un hecho ilícito que entiendo ha tenido entidad suficiente para provocar en el actor un disgusto de tal magnitud que amerite ser reparado por vía del reconocimiento de la existencia de un daño moral”, añadió la Jueza del caso.

“Dado el prestigio que se le reconoce en el mercado de consumo a la empresa demandada, el hecho de encontrarse ante la imposibilidad de consumir un producto elaborado por ella, por no cumplir con las correspondientes normas de calidad, y sobre todo teniendo en cuenta que el elemento encontrado en la botella, es capaz de producir una repugnancia especial”, afirmó el Tribunal Provincial.

Luego, el Juzgado Civil resaltó que “el hecho es idóneo para producir un sufrimiento tal, que exceda de la simple contrariedad o disgusto y amerite su reparación en concepto de daño moral”. Por ello, fijó el monto del resarcimiento por daño moral en 1.500 pesos, conforme lo solicitado por el actor pues consideró que “el monto reclamado se presenta como justo y razonable”.

En materia de daño punitivo el Juzgado sostuvo que “el artículo 52 bis de la Ley 26.361 introduce en nuestro ordenamiento legal los daños punitivos”. “Se trata de multas o penas privadas que no tienen finalidad compensatoria o reparadora, sino que se adicionan al monto del resarcimiento, y se imponen a quien ha manifestado una conducta dolosa o de grave negligencia en la producción o elaboración de un producto”, explicó además.

El Tribunal también explicó que la finalidad de los daños punitivos es “claramente sancionatoria, por un lado, y disuasoria de conductas futuras”. Luego, manifestó que “del análisis integral de la prueba producida por la demandada, se llega a la conclusión de que la empresa demandad cumpliría con todas las reglas de control de calidad impuestas por las normas legales en la materia”.

Sin embargo, el Juzgado destacó que “la ausencia de explicación seria y válida por parte de la demandada, su postura de negar el hecho, sin dar satisfacción en cuanto a la forma en que entiende puede haber sucedido aquel, no obstante encontrarse en condiciones de hacerlo”.

El Tribunal Civil señaló que “en este caso particular, la demandada se ha empeñado en probar la seguridad del producto, sin que su fatiga probatoria se encaminara a dar una explicación satisfactoria de la causa de la puesta en el mercado de un producto defectuoso”, agregó el Juzgado Civil.

Acto seguido, la Jueza cordobesa destacó que “por ello considero justificada la pretensión del actor en cuanto a la imposición de una multa que tenga el efecto de prevenir daños, disuadiendo conductas ilícitas, antijurídicas, futuras”.

“La ausencia de explicación racional alguna, que se impone ante la evidencia del producto defectuoso y ante el reconocimiento por parte de la empresa de producir y elaborar esta gaseosa Pepsi, a mi entender, supone una postura de indiferencia o desinterés por el derecho de los terceros consumidores o usuarios de los productos por ella introducidos en el mercado”, afirmó el Juzgado Civil al momento de evaluar la cuantificación del daño punitivo.

Finalmente, el Tribunal cordobés aseveró que “en definitiva y no encontrando razones suficientes que justifiquen apartarme de la suma reclamada, entiendo la misma procedente, y en ese sentido me pronuncio”.

Por lo tanto, el Juzgado Civil y Comercial cordobés hizo lugar a la demanda interpuesta por el particular que adquirió la botella con un gel íntimo en su interior. En consecuencia, ordenó a la empresa accionada a que entregara al actor una botella de gaseosa marca Pepsi, y a abonarle en el plazo de diez días la suma de 1.500 pesos en concepto de daño moral y la suma de 2.000.000 de pesos en concepto de daños punitivos. Las costas fueron impuestas a la parte demandada.

Si bien el fallo aún no está firme, se trata de una resolución realmente significativa en la materia.

(Fuente: DiarioJudicial.com)

La Justicia de La Plata ordenó a Cablevisión retrotraer su abono básico de $147 a $109

2011-05-19T16:37:00.000-07:00

El Juzgado de Faltas de la Municipalidad de La Plata ordenó a la empresa Cablevisión que se abstenga de cobrar la tarifa de 147 pesos a los abonados de televisión por cable, y que en lo sucesivo cobre 109 pesos que es el abono básico mensual fijado por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.

La medida, de carácter preventivo, beneficia a los abonados domiciliados en La Plata, debido a que el juez Dante Rusconi tiene competencia en defensa del consumidor y le dio carácter colectivo a la presentación que había realizado un particular.

En la resolución, a la que tuvo acceso Télam, Rusconi explicó que le otorgó carácter colectivo a la presentación “atento a la naturaleza masiva del servicio prestado por Cablevisión”.

“Se encuentra dirigido a una colectividad indeterminada de actuales y potenciales usuarios dentro del Partido de La Plata y por eso se ven interesados los derechos de los usuarios del servicio de televisión paga en su faceta de derechos de incidencia colectiva”, graficó.

Sostuvo que “los derechos de los consumidores y usuarios configuran un típico caso de ´derechos de incidencia colectiva´(art. 43, Constitución Nacional) que interesan a la sociedad toda, como poseedora del derecho en expectativa constante al saneamiento del mercado e imperio de las buenas prácticas comerciales”.

El fallo sostiene que a la fecha, la tarifa vigente del abono básico de televisión paga es la que se desprende del mecanismo fijado por las resoluciones 50/2010, 35/2011 y 65/2011 dictadas por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, cuyo monto asciende a la suma de 109 pesos mensuales.

“El encarecimiento en la facturación del servicio en treinta y ocho pesos mensuales, podría impedir o dificultar el pago de las facturas y ello derivar en cortes o restricciones del servicio”, resaltó.

Por eso el Juez Rusconi entendió que se encontraba potencialmente afectado el derecho a la protección de los “intereses económicos”, de todos los usuarios de Cablevisión domiciliados en La Plata y que debía “disponerse lo conducente para la mejor y más expedita salvaguarda del derecho potencialmente afectado”.

La resolución le da 10 días hábiles a la empresa para que demuestre que dio cumplimiento a todo lo ordenado, bajo apercibimiento de dar intervención a la Justicia Penal para que investigue si se cometieron delitos.

Además obligó a la empresa a arbitrar lo necesario para permitir que los usuarios platenses puedan pagar la tarifa de ciento nueve pesos y se abstenga de alterar las condiciones bajo las cuales presta el servicio.-

(Fuente: Telam)

Revocan fallo que ordenó garantizar la continuidad del servicio a usuarios de Fibertel

2011-05-10T16:15:00.000-07:00

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata revocó un fallo que, en agosto último, había ordenado como medida cautelar al Estado y a las empresas Cablevisión y Fibertel arbitrar en forma inmediata los medios necesarios a fin de asegurar a sus abonados la continuidad del servicio de Internet en idénticas condiciones.

Es en el marco de una acción de amparo presentada por la asociación civil Defendete a partir de la resolución 100/10 de la Secretaría de Comunicaciones, que dispuso la caducidad de la licencia de esa compañía de internet.

Según la resolución de Cámara, "la verosimilitud del derecho invocado por la actora no alcanza –por el momento- el grado de apariencia necesaria para desvirtuar tal presunción de legalidad pues debo advertir que el Estado Nacional ha justificado ‘prima facie’ su accionar legal puesto que prima facie actuó dentro del marco de la Resolución 100/10 y la citada disposición normativa fue emitida por la Secretaría de Comunicaciones en ejercicio de sus legales atribuciones".

"Por lo tanto, si se permitiera enervar las disposiciones de tal normativa mediante la medida pretendida por el actor, tal resolución resultaría frustratoria del ejercicio de poder normativo que está facultado a ejercer dentro de su ámbito de acción y de su esfera de competencia la Secretaría de Comunicaciones, durante el tiempo que durara la tramitación del presente y hasta que se resolviera sobre la validez del de tal régimen, lo que hasta ahora, conforme el análisis que lo permite este estadio procesal y los elementos de juicio arrimados, no ostenta las cualidades de irrazonable o arbitraria", agrega.

Asimismo, indica, "advierto que existe una reorganización societaria mediante la cual la empresa FIBERTEL fuera absorbida por CABLEVISION SA; que dichas empresa inscribieron tal disolución ante la Inspección Nacional de Personas Jurídicas sin la previa autorización de la Secretaría de Comunicaciones, que en los términos del Reglamento de Licencias dicha normativa exige la obligada y previa intervención de la Autoridad de Aplicación; ello permite observar un presunto incumplimiento a los requisitos exigidos por la normativa vigente para la fusión societaria".

"Entonces, admitir una cautelar en base a un acto jurídico inconcluso, contrario a la norma en cuestión y que podría violar, en cuanto a sus efectos expresas y puntuales disposiciones legales, implicaría conceder a la apariencia de derecho un contenido que, por ahora, no posee envergadura jurídica", añade.

Y señala que "conceder la cautelar pretendida implica –por el momento- ‘entrometerse’, sin respaldo sólido, en el ámbito de atribuciones del P. Ejecutivo – Secretaría de Comunicaciones quien, en principio, cuenta con fundamento razonable o jurídico suficiente para actuar en consecuencia, más allá de lo que se decida en definitiva".
(Fuente: Publicado digitalmente en edición de fecha 10/05/2011, artículo bajo protocolo A00360016614 de Utsupra.com IUS II ).

Nueva Resolución obliga a Cablevisión S.A. a mantener el precio del abono a $109 hasta junio

2011-05-10T15:42:00.000-07:00

Desde la Secretaría de Comercio Interior de la Nación se dictó una nueva Resolución -Nº 65/2011- que prorrogó para los meses de mayo y junio la Resolución Nº 36, por lo que el precio del abono básico mensual del servicio de televisión paga de la empresa CABLEVISION S.A., debería seguir, este mes y el que viene, en $109 (PESOS CIENTO NUEVE). Dicha medida comenzará a regir a partir del 1 de mayo de 2011.-
(Fuente: Boletín Oficial de fecha 2/05/2011)

Formulario de Reclamo: a empresa Cablevisión por aumento precio del cable

2011-05-10T15:08:00.000-07:00

Para todos aquellos lectores del blog que han consultado al respecto les transcribo a continuación los formularios o modelos de reclamos que la Asociación de defensa de los consumidores "Protectora" ha elaborado y publicado en su sitio de internet para ser utilizados por todos aquellos usuarios del servicio de televisión por cable que, ante el aumento de la tarifa del abono básico mensual más allá de los $109, deseen reclamar a la empresa Cablevisión S.A. solicitando el cese del aumento y la restitución de lo cobrado demás.-

MUY IMPORTANTE: Ver también los modelos "posteados" en este blog el miércoles 7 de septiembre de 2011.-

PASO 1: RECLAMO A CABLEVISION S.A.

Lo pueden hacer:

1) Por TELEFENO: pidiendo el número de reclamo
2) Por INTERNET: registrando el número de reclamo
3) Por CARTA DOCUMENTO, conservando copia y recepción
4) Por NOTA FIRMADA, conservando su constancia de recepción

Nota modelo :

CABLEVISION S.A.
S / D:

JUAN PEREZ, DNI Nº ……, con domicilio en xxxx, localidad: xxx , Provincia de xxx, Teléfono Nº xxx, Email xxx@xxxxx, se presenta ante Uds., a fin de reclamar lo siguiente:

Hechos: Que siendo abonado Nº …………., de su empresa, le solicito el cumplimiento de la intimación efectuada por la Dirección de Lealtad Comercial de la Nación, de lo dispuesto en los artículos primer y cuarto de las resolución 36/2011, dictada por la Secretaria de Comercio de la Nación.

Por lo que me presento a reclamar el cumplimiento inmediato dela citada resolución en su:

Art. 1- Que los servicios que la empresa de televisión paga CABLEVISION S.A. preste a los usuarios, durante los meses de enero a abril de 2011, inclusive, deberán sujetarse a los siguientes parámetros: i) Abono básico mensual: el precio se fija en la suma de PESOS CIENTO NUEVE ($ 109,00) mensuales; ii) otros servicios prestados actualmente por la empresa: el precio deberá mantenerse sin variaciones a la fecha de publicación de la presente; iii) los beneficios promocionales, bonificaciones existentes y/o descuentos: deberán también mantenerse los concedidos a la fecha de publicación de la presente.

Art. 4º — Toda suma que la empresa CABLEVISION S.A. hubiere percibido en concepto de abono básico mensual por sobre el precio fijado en el artículo 1º de la presente, deberá ser restituida al usuario, en TRES (3) cuotas iguales y consecutivas, partir de la factura del mes de abril de 2011.

En caso que no cumpla con lo reclamado, dicha conducta viola normas protectoras del consumidor, tales como el art. 19, entre otra en razón de no respetarse las condiciones y modalidades de la contratación; es arbitraria sin más, Se viola así el art. 8 bis de la Ley 24240 en cuanto ampara el trato digno del consumidor, dichas normativas tienen su fuente en el art. 42 de la Constitución Nacional.-

Por lo que proseguiré dicho reclamo en las vía adminstrativa correspondiente, solicitano daño directo por los perjuicios que me ocasiona y sanciones correspondientes.

Firma: xxxxxxxxx

──────────────────────────────

PASO 2: DENUNCIA A DEFENSA DEL CONSUMIDOR.
Para lo mismo deberá concurrir a la oficina de defensa al consumidor de su localidad, llenando este modelo y presentándolo con la copia correspondiente.

MODELO DE DENUNCIA : x triplicado.

──────────────────────────────

Organismo de Defensa del Consumidor
S / D:

JUAN PEREZ, DNI Nº ……, con domicilio en xxxx, localidad: xxx , Provincia de xxx, Teléfono Nº xxx, Email xxx@xxxxx, se presenta ante Uds., a fin de denunciar lo siguiente:

Denunciada: Empresa Cablevisión S.A., con domicilio en XXX , localidad XXX; Provincia de XXX.

Hechos: Que siendo abonado Nº …………., de la empresa denunciada, conforme acredito con facturas, la misma no no ha cumplido con la intimación efectuada por la Dirección de Lealtad Comercial de la Nación, a que “en un plazo de 48 horas hábiles, acredite mediante la documentación pertinente, el cumplimiento de los dispuesto en los artículos primer y cuarto de las resolución 36/2011″. Tampoco ha cumplido con el reclamo que le he realizado y que acredito con su nº y copia.

Por lo que me presento a reclamar el cumplimiento dela citada resolución en su:

Art. 1- Que los servicios que la empresa de televisión paga CABLEVISION S.A. preste a los usuarios, durante los meses de enero a abril de 2011, inclusive, deberán sujetarse a los siguientes parámetros: i) Abono básico mensual: el precio se fija en la suma de PESOS CIENTO NUEVE ($ 109,00) mensuales; ii) otros servicios prestados actualmente por la empresa: el precio deberá mantenerse sin variaciones a la fecha de publicación de la presente; iii) los beneficios promocionales, bonificaciones existentes y/o descuentos: deberán también mantenerse los concedidos a la fecha de publicación de la presente.

Art. 4º — Toda suma que la empresa CABLEVISION S.A. hubiere percibido en concepto de abono básico mensual por sobre el precio fijado en el artículo 1º de la presente, deberá ser restituida al usuario, en TRES (3) cuotas iguales y consecutivas, partir de la factura del mes de abril de 2011.

Prueba:

Documental: agregar original y copia de una factura anterior al aumento y las facturas con aumento superior a los PESOS CIENTO NUEVE ($ 109,00) mensuales, y copia o nº de reclamo si fue telefónico. (Por DUPLICADO)

Petición: Por lo expuesto solicito;

1) Cese: Que disponga mediante medida cautelar, en forma inmediata el cese de la conducta infractora, y la no suspensión del servicio en el caso de haber pagado PESOS CIENTO NUEVE ($ 109,00) mensuales por el abono básico mensual. Permitiendo hacer efectiva la manda legal que impone a la autoridad administrativa ejercer el control, vigilancia y juzgamiento de la ley (art. 45 L.D.C.).-

2) Infracción y Restitución: Se declare en infracción la conducta de la Denunciada, por la normativa citada y se proceda a restituir los fondos cobrados en forma ilegal.

3) Daño Directo, dado el Daño sufrido, los gastos que se han generado, la pérdida de tiempo en hacer efectivo este reclamo para evitar que los daños “bagatela” queden sin reparación y “en abstracto”, y hacer operativos mis derechos de consumidor , conforme lo he expresado solicito se indemnice con el máximo valor dispuesto por el art. 40 Bis. Ley 24.240.

4) Sanciones: por la conducta asumida por la denunciada, solicito que la misma le sea aplicada la multa prevista en el art. 47 inc. B), Ley 24.240 y/o cualquier otra sanción que correspondiere.

Firma: xxxxxxxxx

(Fuente:http://www.protectora.org.ar/servicios-publicos-agua-luz-gas-y-transporte/formulario-de-reclamo-a-empresa-cablevision-por-aumento-precio-del-cable/5436/comment-page-19/#comments)

Un juez de Junín falló en contra de Cablevisión

2011-05-05T18:14:00.000-07:00

El titular del Juzgado Federal de Junín, Hector Plou, concedió un amparo contra la empresa Cablevisión que presentó el precandidato a intendente de esa ciudad, Gustavo Traverso.

El recurso que Traverso presentó por intermedio de su letrado Rodrigo Zalazar solicitaba que “se decrete una medida cautelar ordenándose a Cablevisión S.A con domicilio en Av. Benito de Miguel 222, a emitir boletas de pago de abono mensual del servicio de Televisión paga por la suma de pesos ciento nueve ($ 109), cumpliendo con las resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior hasta que dicho organismo modifique la suma a pagar por el servicio.”

Ayer el magistrado se expidió sobre el expediente Nº 37410, donde se refiere a las resoluciones 50/2010 y 36/2011 de la Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Economía. En el segundo párrafo de la resolución dice: “Hacer lugar a la medida cautelar solicitada ordenando a Cablevisión S.A. refacturar el servicio prestado al actor, sujetándose a las prescripciones de las Resoluciones 50/2010 y 36/2011.”

Este fallo, que hace lugar a un particular y que ordena la refacturación del servicio, podría resultar de referencia para que otros ciudadanos puedan recorrer el mismo camino.
“Es una gran noticia que me pone muy contento, porque reafirma el concepto de una justicia que no está toda comprada, y que los monopolios como esta empresa no se pueden llevar puestas las disposiciones del gobierno nacional”, dijo Traverso en declaraciones al blog El Parlante, de la localidad de Junín, y prosiguió: “Vamos a estudiar con mi abogado la posibilidad de presentar un amparo colectivo en beneficio de toda la ciudad de Junín.” El funcionario se desempeña como coordinador del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para la provincia de Buenos Aires.
(Fuente: Diario Tiempo Argentino)

Un fallo obliga a un banco a devolver un aumento inconsulto de comisiones

2011-05-05T15:09:00.000-07:00

Un fallo del Juzgado Civil y Comercial Nº 14 de Mar del Plata, a cargo del doctor Fernando Méndez Acosta, consideró "ilegal" el aumento al valor de los servicios impuso la firma Citibank NA a sus clientes de cajas de ahorro y cuentas corrientes. El juez hizo lugar a una acción judicial colectiva iniciada por la Asociación Civil Acuba de defensa de consumidores y usuarios, con el patrocinio letrado de los abogados Federico Alvarez Larrondo y Ariel Vieira, en beneficio de todos los usuarios de ese banco que hubieran contratado con sucursales ubicadas dentro de la Provincia de Buenos Aires.

La acción judicial, según explicaron los representantes de entidad de consumidores, tenía como fundamento la alegada ilegalidad del incremento que inconsultamente había decidido la entidad bancaria sin cumplir con ninguna de las exigencias de la Resolución 9 del 2004 de la Secretaría de Coordinación Técnica de la Nación, y tampoco con el preaviso que la misma entidad se había autoimpuesto al suscribir el promocionado Código de Prácticas Bancarias que reúne a las principales entidades del país.

En una sentencia de más de 70 páginas, el magistrado sostuvo que la Asociación Acuba tenía legitimación y representatividad acreditada conforme la legislación vigente para actuar en nombre y representación de todos los usuarios bancarios afectados por la decisión inconsulta de la entidad; que la decisión del banco de modificar los precios de sus servicios era ilegal por cuanto no había cumplido con ninguno de los recaudos de la Resolución 9/04 antes citada; que las Comunicaciones del Banco Central que la entidad invocaba en su defensa no pueden jamás soslayar el régimen de defensa del consumidor; que a su vez, el Código de Prácticas Bancarias que la entidad bancaria había suscripto y publicitado como modelo ejemplar a seguir, tampoco había sido respetado por la entidad.

Por todo lo expuesto, el Banco, una vez que quede firme el fallo el cual está sujeto a revisión por la Cámara de Apelaciones local en lo civil y comercial, debe devolver a cada uno de los usuarios en sus cuentas, el incremento cuestionado y que mes a mes ha cobrado a sus clientes sin respetar la legislación vigente, más sus intereses.

"Esto implica un caso sin parangón en el interior del país, y una muestra más del desarrollo del derecho del consumo en la ciudad de Mar del Plata, del cual ha sido el Poder Judicial su principal impulsor" señalaron el presidente de Acuba Gerónimo Rossi y los abogados Alvarez Larrondo y Vieira.

También entendieron que la medida "evidencia la importancia de las acciones colectivas y la necesidad de contar con Asociaciones de Consumidores debidamente inscriptas en los Registros Provincial y Nacional, extremo que otorga legitimación para representar a todos los afectados, que por el escaso monto reclamado no harían juicios legitimando de tal modo el abuso. A su vez, aquél que se animara a judicializar la cuestión, debería cargar con la incertidumbre que genera enfrentar en un juicio a empresas que superan su poder de acción. De allí, que para equiparar ese escenario dispar se haya creado y dotado de fuerza legal a ONGs como la nuestra que incansablemente viene trabajando en pos del respeto de los derechos de los consumidores y usuarios, por pequeños que sean los montos en juego, como única manera de evitar los denominados 'microdaños', esto es, quebrantamiento de la ley que representan escasos montos en la individualidad, pero sumas millonarias en la masividad".

(Fuente: Diario La Voz de Tandil)

LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA: COMPRAR - TIRAR - COMPRAR

2011-04-10T16:53:00.000-07:00

En el siguiente enlace un interesantísimo documental que expone acerca de uno de los principales paradigmas de la sociedad de consumo: la "obsolescencia programada": http://www.rtve.es/alacarta/videos/television/comprar-tirar-comprar/983391/

Cablevisión ganará $ 1500 millones extras por cobrar de más a sus clientes

2011-04-07T16:18:00.000-07:00

Hay unos 3,35 millones de damnificados que están pagando $ 147 en lugar de los $ 109 establecidos por la normativa. El juez Ricardo Bustos Fierro quedó en el ojo de la tormenta por avalar con una cautelar el sobrecosto a los abonados. Cablevisión, la operadora de cable del multimedios Clarín, obtendrá en un plazo de 12 meses –febrero de 2011 contra febrero de 2012– una ganancia extraordinaria de $ 1500 millones por incrementar las tarifas de manera inconsulta, en clara violación de la Ley de Lealtad Comercial.

Según una alta fuente de la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno, este es el dinero que los 3,35 millones de clientes pagarán de más por el incremento tarifario que la empresa decidió. La Resolución 50, publicada en el Boletín Oficial a principios de marzo de 2010, fijó el abono básico del servicio de Cable en $ 109 pero la firma del Grupo Clarín se declaró en desobediencia y empezó a cobrar $ 147 desde febrero de 2011, es decir, $ 38 más de los que pagan por un servicio similar los usuarios de otras compañías de cable. Esta resolución, que detalla cuidadosamente todos los costos que tienen las empresas de cable y el beneficio medio que tienen las empresas, estableció, complementada por la 36/11, el precio de la tarifa en $ 147.

Cablevisión recurrió judicialmente la medida, tras haberla rechazado a principios de marzo, por considerar “ilegal” la fijación del precio que consideró “discrecional”.

Ayer, el Ejecutivo salió a cruzar fuerte a la empresa y les pidió a los abonados de Cablevisión que sólo paguen los mencionados $ 109. Además, le advirtió a la empresa que si le corta el servicio a una sola familia aplicará la Ley de Abastecimiento y obligará a Cablevisión a garantizarles el servicio. “Queremos que la gente pague sólo el precio justo”, aseguraron en la Secretaría de Comercio Interior. En este sentido, el gobierno hizo un llamado a la población para que en caso de que Cablevisión le interrumpa el servicio, alegando falta de pago, formalice la denuncia en la sede de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación, ubicada en Av. Julio A. Roca 651, piso 4 o de forma telefónica al 0800 666-1518 (...)

Las medidas cautelares son herramientas que les otorga la justicia a los particulares, cada vez que interpreta que alguien limita o anula sus derechos constitucionales, pero son de orden estrictamente transitorio y no deciden sobre el tema de fondo. No obstante, en el gobierno creen que el Grupo Clarín está utilizando este “remedio” de forma abusiva para impedir que el Estado tome medidas que puedan limitar los abusos que comete la empresa aprovechando su condición dominane en el mercado del cable y el servicio de banda ancha.

Distintas fuentes oficiales del Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio Interior confirmaron que apelarán la medida cautelar de Bustos Fierro ajustándose a los tiempos procesales establecidos por la normativa.

Por otra parte, ayer la Asociación de Usuarios y Consumidores de la República Argentina, también se sumó a los cuestionamientos que el Ejecutivo le hizo a Bustos Fierro. “La gente de Cablevisión y del Grupo Clarín presentaron la cautelar ante este juez porque saben que tiene antecedentes apoyando a sectores políticos con sus medidas”, disparó Claudia Casas, la responsable de la entidad. En este sentido, Casas criticó el fallo a favor de la empresa del Grupo Clarín y convocó a los usuarios a explicitar sus quejas por la suba en el precio del abono básico y anunció que hoy presentarán un recurso de amparo. (Fuente: Diario Tiempo Argentino)

Un juez cordobés falló a favor del aumento del abono de Cablevisión a 143 pesos

2011-04-05T17:43:00.000-07:00

El titular del juzgado federal número 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, hizo lugar a una medida cautelar presentada por Cablevisión y dispuso la suspensión de las resoluciones de la Secretaría de Comercio en las que se fijaba un abono básico de 109 pesos para los primeros meses del año y la restitución de los montos cobrados de más.

El magistrado dio vía libre para seguir facturando el abono a 143 pesos. Con la suspensión de la aplicación de las citadas resoluciones, el juez federal cordobés dio vía libre a la operadora de cable para seguir facturando a sus usuarios el abono básico de 143 pesos que comenzó a cobrar en enero pasado, cuando ajustó el valor del servicio. La decisión fue tomada en los autos de la causa caratulada "Cablevisión S.A. contra el Estado Nacional. Bustos Fierro resolvió "hacer lugar a la medida cautelar articulada, disponiendo respecto de Cablevisión S.A., sus sucursales y sociedades subsidiarias, la suspensión de la aplicación de las resoluciones número 50/2010 y número 36/2011 dictadas por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación-ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a fin de que se abstenga de ejecutar y hacer cumplir las citadas resoluciones".

La apelación presentada por Cablevisión -empresa del Grupo Clarín- se suma a otros recursos presentados ante la Justicia contra medidas dispuestas por el Gobierno nacional para preservar el derecho de los usuarios. La resolución 50/2010 tomada el año pasado por la Secretaría de Comercio Interior fijó la aplicación de una "fórmula para determinar el monto del abono básico de los servicios facturados por los prestadores de los servicios de televisión paga".

En tanto, la resolución 36/2011 estableció que los servicios que Cablevisión prestó a sus usuarios, "durante los meses de enero a abril de 2011, inclusive", debían sujetarse a un abono básico de 109 pesos mensuales. Esta última resolución también contemplaba que "toda suma que la empresa Cablevisión S.A. hubiere percibido en concepto de abono básico mensual por sobre el precio fijado (...), deberá ser restituida al usuario, en tres (3) cuotas iguales y consecutivas, partir de la factura del mes de abril de 2011".

(Fuente: TELAM)

La Justicia estimó que es inválido fijar plazos para pedir la baja de celulares

2011-03-25T06:33:00.000-07:00

La Justicia remarcó que las cláusulas en los contratos de teléfonos celulares que impiden al cliente pedir la baja antes de transcurrido un año son abusivas y, por lo tanto, no tienen validez aunque se hayan firmado.

Dicha sentencia, que se aplica sólo al caso concreto, sienta un precedente válido para todo el universo de los contratos de celulares.

El fallo fue dictado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, que confirmó una sanción que la Dirección de Defensa y Protección al Consumidor le había impuesto a la empresa CTI por violación a la ley 24.240.

Esa norma establece en su artículo 37 que "se tendrán por no convenidas las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte".

De acuerdo al diario Clarín, una mujer compró un celular con abono fijo por el término de un año. De acuerdo al contrato, CTI no le cobró el cargo de "activación", con la condición de que permaneciera al menos 12 meses en la empresa.

Pero a los siete meses le robaron el teléfono y entonces pidió la baja del servicio, porque no quería pagar el precio de reposición del aparato, que consideraba demasiado alto. Entonces la empresa rechazó el pedido y siguió enviando las facturas al domicilio de la clienta.

De acuerdo al matutino, la compañía pretendió hacer valer la cláusula que la autorizaba a cobrarle un porcentaje del cargo de "activación", que originalmente le había bonificado, por haber roto el contrato antes del año.

Esa cláusula dijo la Dirección de Defensa del Consumidor no tiene validez porque "implica, a lo largo de la relación de consumo, una limitación al derecho de cambiar de compañía proveedora del servicio de telefonía móvil".

El matutino remarcó que la empresa apeló la sanción ante la Justicia, con el argumento de que la "activación" es "un cargo que normalmente los clientes deben abonar al momento de comenzar el servicio pero que la empresa resuelve bonificar por política comercial. Se trata de un mecanismo legítimo para hacer más competitiva y atractiva la contratación con la empresa".

El magistrado hizo hincapié en que los de celulares entran en la categoría de los "contratos de adhesión". Es decir, un contrato que una parte (la empresa) redacta en serie y que la otra parte (el cliente) simplemente firma, sin posibilidad de introducir modificaciones.

Por ese motivo, como indica el fallo, se considera que el consumidor tiene una posición "débil" en la relación.

En la sentencia se consideró que darle al cliente una bonificación, con la condición de que permanezca un año, no es razonable, tiene por finalidad mantener al cliente cautivo y por lo tanto es abusivo.
(Fuente: iProfesional.com)

Determinan la Configuración de Cláusulas Abusivas en el Contrato Educativo de Escuela Privada

2011-03-22T15:04:00.000-07:00

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó un multa impuesta a una escuela privada como consecuencia de la inclusión de cláusulas abusivas en la circular de inscripción para el ciclo lectivo, al exigir condiciones adicionales de admisión sin determinación, así como por la indicación de cobro de gastos administrativos por mora carente de especificación.

La Dirección Nacional de Comercio Interior impuso a la Asociación Cultural Italiana Cristoforo Colombo la sanción de veinte mil pesos por infracción al artículo 37 de la ley 24.240.

Para imponer dicha sanción, la Dirección consideró que la circular de inscripción poseía cláusulas abusivas, debido a que se reserva el derecho de solicitar condiciones adicionales para proceder a la inscripción por conferir al proveedor el derecho exclusivo de interpretar el significado, alcance y cumplimiento de las cláusulas contractuales y de las prestaciones respectivas, arrogándose el derecho de determinar unilateralmente en qué casos dichas condiciones y cuáles serían estas, sin especificar parámetro alguno dentro del cual la modificación podría tener lugar.

Por otro lado, también tuvo en cuenta al imponer la mencionada multa que con relación al número de cuotas, impone un gasto administrativo extra al segundo vencimiento, sin establecer cuáles serán los gastos administrativos que deberán abonar los alumnos en caso de mora o segundo vencimiento determinando únicamente los valores de la cuota para primer vencimiento.

Ante la apelación presentada por la institución sancionada, los jueces que integran la Sala III sostuvieron que “la cláusula referida a las condiciones particulares que surge de la Circular N° 91 obrante a fs. 16/17, no resulta clara en el sentido de conocer cuáles son esas condiciones particulares que podrá exigir la escuela en determinados casos, desconociéndose qué requisitos adicionales tendrá que cumplir quien desee ser alumno, los que sólo son conocidos por el predisponerte que filie quien diseñó la circular en cuestión y le confiere el derecho a determinar en forma unilateral en qué casos podrá exigir más condiciones y cuáles serán éstas, sin especificar parámetro alguno a ser considerado por quien desee ser alumno ya que no brinda información adecuada y suficiente afectándose de tal modo la equivalencia en la relación oferente-usuario en abierta contradicción a lo dispuesto por la resolución 53/03”.

En los autos caratulados “Asociación Cultural Italiana Crisóforo Colombo c/DNCI-DISP 446/10”, con relación a la cláusula referida a los gastos administrativos por mora, los jueces sostuvieron que “si bien debe partirse del principio de que la libertad contractual, bajo la perspectiva constitucional, ella no importa un derecho absoluto, ya que hay múltiples restricciones a las cuales las personas se encuentran sujetas para el logro del bien común”.

En tal sentido, señalaron que “de la cláusula referida al número de cuotas sólo surge que el segundo vencimiento generará un gasto administrativo extra y que vencidos los plazos de pago se aplicarán ulteriores gastos administrativos sin especificar a cuánto ascienden los mismos y aunque en su recurso la apelante ha explicado, que el interés que se percibía en los últimos años ha sido fijado por el Consejo Directivo de la Asociación en el 3% mensual y que el mismo es debidamente informado a las familias, dichas circunstancias no han sido acreditadas en estos autos”.

En base a lo expuesto, los magistrados resolvieron en la sentencia del 16 de diciembre pasado, rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la multa impuesta.
(Fuente: abogados.com.ar)

Emisoras de tarjetas de crédito deberán informar los detalles de deuda en el resumen

2011-03-18T15:39:00.001-07:00

El Senado aprobó este miércoles, con 42 votos, un proyecto que modifica la Ley de Tarjetas de Crédito y obliga a las empresas emisoras a informar a los usuarios el monto total adeudado en concepto de cuotas.

Se trata de un proyecto del senador oficialista Guillermo Jenefes, que incorpora un inciso al artículo 23 de la ley 25.065, que regula diversos aspectos del sistema de tarjetas de crédito, débito y compra.

Según informó NA, el inciso que se incorpora a la ley establece que las empresas deben informar al titular de la tarjeta de crédito "el monto total adeudado en concepto de cuotas, discriminadas para los seis meses posteriores al resumen emitido".

Los fundamentos del proyecto señalan que el resumen que envían las empresas actualmente expresa el monto del pago mínimo pero excluye la aplicación de intereses punitorios y el monto adeudado por el o los períodos anteriores.

Además, el proyecto señala que esta nueva información que se requiere a las empresas emisoras ya está siendo proporcionado en los resúmenes mensuales de las tarjetas emitidas por el Banco de la Nación Argentina.
(Fuente: iProfesional.com)

Los bancos y las tarjetas tendrán que devolver dinero a sus clientes

2011-03-18T15:37:00.000-07:00

Las entidades bancarias y las tarjetas de crédito tendrán que devolver dinero a sus clientes por cobrar mal los seguros de vida. La medida alcanzará también a concesionarias de autos y firmas de electrodomésticos, entre otros.

Sucede que se comprobó que algunas empresas sobrefacturan el seguro de vida del saldo deudor y lo cobran hasta 20 veces más de lo que deberían.

Cada vez que una persona solicita un crédito se le cobra un seguro de vida del saldo deudor. Si aquel muere, el seguro cubre su deuda. De acuerdo a los datos actuales, debería cobrarse hasta 50 centavos por cada mil pesos de deuda pero algunas firmas cobran $2,5 y, las más abusivas, hasta 10 pesos cada mil

Según Clarín, la famosa "letra chica" le ha vuelto a jugar una mala pasada a la gente. Pero muchos de ellos se dieron cuenta y se quejaron ante la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua).

La entidad verificó el tema y comprobó que sí, que casi todos los bancos del país, las tarjetas de crédito, y las principales automotrices y casas de electrodomésticos estaban cobrando de un modo incorrecto.

La sobrefacturación es en el seguro de vida del saldo deudor. Algunas empresas cobran hasta 20 veces más de lo que deberían.

Para que se entienda. Cada vez que una persona solicita un crédito se le cobra un seguro de vida del saldo deudor.

Esto es por si esta persona muere, el seguro cubre su deuda. Ahora bien, según el mercado de seguros, lo que debería cobrarse es hasta 50 centavos por cada mil pesos de deuda.

Según Adecua, se cobra 2,5 pesos y, las más abusivas, hasta 10 pesos cada mil.

Es decir, a veces, cuando se lee "tantas cuotas sin interés", no es tan así.

Osvaldo Riopedre, abogado de Adecua, sostiene que "esto no es otra cosa que intereses encubiertos.

Además, las empresas no pagan IVA por el seguro de vida, en cambio sí deberían pagar IVA si cobraran interés".

El abogado cuenta que están denunicando este tema desde el 2007, y que nunca hubo respuestas de las autoridades.

De hecho habla de una carta que se le mandó hace dos años a Martín Redrado, entonces presidente del Banco Central, denunciando las irregularidades.

En esa misma carta se explica que el precio en plaza del seguro de vida colectivo sobre saldo deudor es de $ 0,27 mensual para cubrir el riesgo de fallecimiento y de $ 0,19 mensual para cubrir adicionalmente el riesgo de invalidez total y permanente, ascendiendo en consecuencia a la suma de $0,46 mensual para cubrir ambos riesgos.

Y dan un ejemplo: una aseguradora le cobra al Banco una prima de $ 0,5 mensual sobre el saldo deudor, pero la prima que el Banco le cobra a su clientes es de $ 3 mensual sobre el saldo deudor. La diferencia es de $ 2,5,

Ante esta situación, Adecua promovió acciones colectivas para que todos los clientes de todos los bancos, tarjetas, automotrices y demás puedan reclamar lo suyo.

"La Ley de Defensa del Consumidor es clara. Si se factura mal, hay que devolver el dinero. ¿Cómo puede ser que si el mercado de seguros estima que se deben cobrar 50 centavos cada mil pesos de crédito algunas empresas cobran hasta 10 pesos?", dice Sandra González, presidenta de Adecua.

El listado incluye a los bancos Nación, Provincia, Ciudad, Río, Galicia, Privado, Macro, Comafi, Francés, Supervielle, de Córdoba; tarjetas Visa, Naranja, Metroshop, Shopping; casas de electrodomésticos como Garbarino, Frávega; las automotrices Mercedes Benz, Ford, Rombo, VolksWagen...

"Nos presentamos ante diferentes juzgados comerciales para promover las acciones colectivas, y con algunas entidades ya hubo acuerdo", explica Riopedre.

Así, los distintos jueces obligaron a las entidades a publicar durante tres días seguidos solicitadas en los principales diarios argentinos para que los clientes se enteraran de que podían ir a reclamar el dinero que les habían sobrefacturado.

En diciembre salió la solicitada del Santander Río, en febrero la del Banco de Galicia, y así.

Las entidades tuvieron 60 días para acordar el monto de cada cliente. "El problema es que mucha gente no se enteró y se quedó sin cobrar", dice el abogado de Adecua.

Algunos ya perdieron su oportunidad, pero miles de personas todavía están a tiempo porque sus entidades todavía no llegaron a un acuerdo con los distintos juzgados. Habrá que estar atentos.

Horacio Berstein, coordinador legal de la Unión de Usuarios y Consumidores: "Nosotros también iniciamos acciones colectivas. Esta sobrefacturación es un negocio adicional de los bancos.

El seguro que termina pagando la gente a través de los bancos es diez veces más caro de lo que sale realmente".

Y da un ejemplo de una liquidación de una tarjeta de un banco en la que se cobra 14,75 pesos de seguro de vida por saldo deudor por cuotas futuras.

"En este caso están cobrando 10 veces más de lo que cuesta un seguro de vida obligatorio, la diferencia es enorme. Si pensamos que los bancos grandes tienen tarjetas de más de un millón de usuarios, estamos hablando de mucha plata de sobrefacturación", concluye Clarín.
(Fuente: iProfesional)

Día Mundial de los Derechos del Consumidor

2011-03-15T18:29:00.001-07:00

El Día Mundial de los Derechos del Consumidor es una ocasión anual de celebración para el movimiento de consumidores a nivel mundial. Es una jornada para promover los derechos fundamentales de todos los consumidores, para exigir que sus derechos sean respetados y protegidos, y para protestar contra los abusos del mercado y las injusticias sociales que los socavan.
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor fue celebrado por primera vez el 15 de marzo de 1983, y desde entonces ha sido una ocasión importante para la movilización de la ciudadanía por sus derechos.

Cablevisión tendrá que reintegrar dinero a tres millones de clientes

2011-03-10T15:30:00.000-08:00

Comercio Interior aplicó la Resolución 50 y conminó a la firma del Grupo Clarín a cumplir un acuerdo y a cobrar por el abono básico $ 109. La compañía deberá devolver hasta $ 240 millones por lo que percibió de más entre enero y marzo.
Tras haber especulado por años con subas de tarifas injustificadas que, desde 2005 a esta parte, suman más de 200% de incrementos, la empresa Cablevisión deberá devolver a sus más de 3 millones de clientes el dinero que cobró en exceso entre enero y marzo de este año. Así lo dispuso ayer una resolución (la Nº36) de la Secretaría de Comercio Interior según la cual el valor del abono básico mensual debe cobrarse $ 109, y la diferencia que haya superado ese monto “deberá ser restituida al usuario, en tres cuotas iguales y consecutivas, a partir de la factura del mes de abril”. Además, se obliga a la empresa a facturar los $ 109 para todos los contratos nuevos, sin excepción.

La sanción que aplicó Comercio Interior no es arbitraria: según el texto de la multa, Cablevisión violó el artículo 4º de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), “ya que no ha comunicado el monto surgido conforme a la fórmula indicada en dicha norma, cuyo resultado debía arrojar la suma a abonar mensualmente en concepto de abono básico”.
En pocas palabras, la empresa de Clarín nunca brindó información que justificara los constantes aumentos de tarifas, cuya última suba fue del 16% en febrero pasado.
De esta manera, apoyado en la potestad para controlar el precio del abono que le otorga la Resolución 50 (norma que fija pautas para calcular aumentos), Comercio Interior decidió volver atrás los valores y reintegrar lo mal facturado.

Al no tener los datos de facturación, inversiones y pautas de subas tarifarias, nunca aportados por la empresa, Comercio obtuvo los números de la Comisión Nacional de Valores (CNV), a partir de los cuales concluyó que las modificaciones tarifarias aplicadas en 2011 eran claramente excesivas. Si bien la sanción reciente de Comercio no alcanza a restituir los abusos tarifarios que se vienen dando desde fines de los ’90, es importante porque obliga a la cableoperadora a devolver una suma de dinero millonaria: hoy, Cablevisión cobra por el abono básico $ 145, y durante enero el costo del servicio (previo al último aumento) era de $ 126,80.
Si se tiene en cuenta este esquema, y el valor a respetar de $109, la compañía debería devolver por cliente $ 18 por la diferencia existente entre el nuevo valor y el cobrado en enero; y tendría que reintegrar $ 36 en febrero y $ 36 en marzo por las diferencias en esos períodos. De esta manera, y según especulan fuentes empresarias y entre las ONG de usuarios, con una plantilla de clientes que supera los 3 millones en todo el país, Cablevisión tendría que desembolsar algo más de $ 240 millones.

De todas maneras, la cifra es un estimado del total de abonos básicos mal cobrados, ya que la compañía nunca aportó datos de cuántos clientes Premium y digitales tienen.
La medida comunicada ayer –que regirá a partir del día en que se publique en el Boletín Oficial– sostiene en sus considerandos que “el Estado Nacional tiene a su cargo la implementación de políticas públicas con el objetivo de satisfacer necesidades sobre las cuales se sustentan derechos de raigambre constitucional”, y cita como ejemplo el artículo 42 de la Constitución, “que encomienda a las autoridades la tutela, defensa y protección de los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios”.
Cabe destacar que Cablevisión ya había sido “avisada” de que su procedimiento tarifario no estaba acorde a las leyes, y lo reconoce la propia compañía: en el Balance del Tercer Trimestre de 2010 elevado por el Grupo Clarín a la Bolsa de Buenos Aires, la compañía explica que el 22 de enero de 2010, Cablevisión ya había sido notificada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) respecto de la realización de “prácticas colusivas” y, en particular, “de aumentar el precio de los abonos”.

La situación –según el Balance de Clarín– se repitió el 2 de febrero de 2010, cuando la CNDC le solicitó que devolviera el dinero mal cobrado. Medida que quedó congelada por una cautelar de la Cámara Nacional de Apelaciones en los Civil y Comercial Federal, a pedido de Cablevisión.
Luego, el 3 de marzo, cuando se sancionó la Resolución 50 –que establece una forma de cálculo del aumento tarifario en base al nivel de inversiones, rentabilidad y cantidad de usuarios– volvió el pedido de controlar las tarifas.
En ese momento, y según el ejercicio del Grupo Clarín, la empresa consideró que la resolución es “arbitraria y desconoce en forma burda la libertad de contratar”. Ante este desacato a la norma, el día 1 de junio de 2010, la Secretaría de Comercio Interior le impuso a Cablevisión una multa de $ 5 millones por no haber informado sobre las razones de los aumentos.

En un marco político y económico nacional en el que se debate la rentabilidad de las empresas y el nivel de especulación con los precios, las ganancias de Cablevisión son aun más escandalosas si se considera que en tan sólo cinco años, la tarifa básica aumentó más del 200%, pasando de costar $ 47,11 a los actuales $ 145. Por todo esto, Cablevisión obtiene una rentabilidad superior al 4000% por cliente (Ver Las pymes…).
Además, si se mide el servicio por precio contra el resto de los servicios esenciales, sigue siendo escandalosamente más oneroso que un bimestre de agua, luz, gas y hasta teléfono fijo.

Aunque se espera que en las próximas horas Cablevisión apele la resolución del gobierno, este freno a los aumentos es una señal clave de que desde el ámbito oficial se empezará a monitorear el nivel de incremento de precios.
(Fuente: Diario Tiempo Argentino)

Inédito: ahora la Justicia va contra el fabricante si el vendedor no cumple su compromiso con el cliente

2011-01-21T10:50:00.000-08:00

En los últimos tiempos, la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor ha ido ganando un lugar cada vez más destacado en los tribunales.

A la hora de emitir una sentencia, los jueces "hacen temblar" a las empresas cuando deciden usar esta norma, dado que les puede representar la pérdida de montos significativos en concepto de multas y sanciones.
En este escenario, entre las compañías más afectadas por este tipo de condenas se encuentran los fabricantes y distribuidores de distintos productos, quienes "no ven la cara" del consumidor final, pero no por ello son menos responsables frente a sus reclamos.
De hecho, hace pocos días, la Dirección de Defensa del Consumidor ordenó que una concesionaria y la automotriz General Motors resarcieran a un cliente otorgándole un auto cero kilómetro, tras la entrega de un vehículo con fallas mecánicas.
Esto no fue todo, la Justicia también ratificó la condena, lo cual puso en alerta a los hombres de negocios por tratarse de una sentencia inédita en esta materia.
Y ahora, un nuevo fallo vuelve a ser motivo de preocupación.
Sucede que, en una nueva sentencia a la que accedió iProfesional.com, se extendió la responsabilidad solidaria de los integrantes de la cadena de comercialización, dado que uno de ellos ingresó en dificultades económicas y no pudo cumplir con sus obligaciones frente al cliente.
Expertos consultados por iProfesional.com destacaron la importancia de estos precedentes y las derivaciones que puede traer el hecho de que sea el fabricante quien deba responder por el perjuicio, ante el consumidor final, más allá de que el producto haya llegado a él a través de un intermediario jurídicamente independiente (concesionaria, distribuidor u otros).

Compra inconclusa
Todo comenzó en marzo de 2000, cuando el cliente adquirió en un concesionario oficial de Volkswagen un Gol cero kilómetro.

A los fines de acordar la forma de pago, en un primer momento, se le aceptó un plan canje por su unidad. Y, para saldar la diferencia, el comprador debía abonar un refuerzo para luego cancelar el saldo final.

Una vez realizado el pago al contado y ante la falta de entrega del automóvil, intimó a la concesionaria. En respuesta, le fue informado que ya le habían asignado una unidad y que la misma estaría a su disposición en los próximos días.

¿Cuál fue el motivo de la demora en la entrega del vehículo? La explicación se encontraba en cómo fue la operatoria.

En efecto, la estructura de comercialización de los automóviles de la fábrica, Volkswagen Financiera -empresa distinta del fabricante- disponía de una línea de crédito para concesionarios oficiales de la marca, destinada a los pagos de las unidades, repuestos y accesorios.

El problema se originó cuando dicha concesionaria dejó de abonar los pagarés que le había firmado a la financiera.
Ante la falta de cancelación de esos documentos, está última procedió al secuestro del automóvil vendido y de otros que se encontraban en el local de ventas.

Esto, finalmente, derivó en el concurso de la concesionaria y en la falta de entrega del auto en cuestión.
Ante esta situación, el comprador intimó al fabricante, que negó su responsabilidad al considerarse un tercero ajeno al mencionado contrato entre las partes.

En el concurso de acreedores, el damnificado logró percibir el monto que había entregado para cancelar el pago de la unidad, pero se reservó el derecho de iniciar acciones legales por el monto faltante. Por eso, el caso terminó resolviéndose ante los tribunales.

La sentencia de primera instancia hizo lugar a la acción interpuesta por el damnificado contra Volkswagen y condenó a la automotriz a abonar al particular un monto basado en la privación de uso -el tiempo que podría haber utilizado el vehículo pero no lo hizo- más sus intereses y las costas del juicio. No obstante, rechazó la demanda promovida contra la financiera.

Tanto el fabricante (VW) como el cliente apelaron la sentencia ante la Cámara. El comprador consideró que el monto de la condena era insuficiente, ya que no se llevaron a cabo pautas de actualización ni la posibilidad de obtener un auto similar al que había adquirido. También solicitó que el importe por la privación se calculara actualizado hasta la fecha de la sentencia.

Por último, cuestionó que no se hubiera condenado solidariamente a la financiera. Y pidió que las costas se impusieran también al fabricante.
En tanto, Volkswagen desestimó el argumento del juez de primera instancia y negó que la concesionaria estuviera subordinada técnica y económicamente a ella. También indicó que, al ser empresas totalmente distintas, no tenía la obligación de controlarla o supervisarla.

El otro punto de la queja de la automotriz se centró en la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, ya que esta norma impone la responsabilidad de todos los intervinientes en la cadena de comercialización sólo en algunos casos, pero no en éste.

No obstante, los camaristas señalaron que "en virtud de la estructura comercial creada por el fabricante, éste no puede exonerarse de la obligación de seguridad, de la apariencia y de la confianza que la marca despierta en el consumidor".

Es decir, para los jueces, se trató de una responsabilidad objetiva, dado que el cliente podría creer que contrataba directamente con Volkswagen.

Por ese motivo, ordenaron aplicar la Ley de Defensa del Consumidor y destacaron tres aspectos:
1. La publicidad desarrollada por el fabricante involucrando a toda su red de concesionarios.
2. El uso de la marca.
3. La exhibición de varios rodados en el local del concesionario oficial y el consiguiente secuestro de veintiún automóviles, entre los que se encontraba el adquirido por el consumidor, con absoluta despreocupación e indiferencia por el comprador que había pagado el precio total del vehículo.
"El fabricante está ligado al contrato de su concesionario oficial y el consumidor de su producto final por la marca. La marca opera como aval de calidad y seguridad", agregaron los camaristas.

Los magistrados también hicieron hincapié en otros dos puntos de la Ley de Defensa del Consumidor. El artículo 3 que estipula que "en caso de duda, se tomará siempre la interpretación más favorable para el consumidor".

Y también se apoyaron en el inciso c) del artículo 37 -referido a los términos abusivos y cláusulas ineficaces-, que dispone que "cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación del usuario, se estará a la que sea menos gravosa".

En ese aspecto, los jueces remarcaron que "el incumplimiento contractual acaece cuando se frustran o disminuyen las expectativas justificadas del contratante. Cuando mayor sea la apariencia de seguridad de la marca, mayores son las expectativas que genera".

Es importante destacar que un efecto propio de la resolución del contrato consiste en la devolución de las sumas abonadas por el comprador en el supuesto de incumplimiento del vendedor.

Esa devolución debe poner al cliente en situación patrimonial idéntica al momento de la constitución de la obligación, es decir, se le debe restituir una suma que le permita adquirir el mismo automóvil que pagó en virtud del contrato resuelto.

De esta manera, los jueces indicaron que el monto que obtuvo el comprador en el concurso de acreedores no llegó a cubrir ese daño, por lo que la empresa deberá abonarle la suma que resulte de calcular la diferencia entre el valor del vehículo en cuestión y el importe efectivamente percibido en el concurso del vendedor.
Además, los magistrados rechazaron la demanda contra la financiera y ordenaron que el fabricante se hiciera cargo de todas las costas del proceso (…).
(Fuente: iProfesional.com)

Multan al HSBC en $80.000 por impedir la extracción de fondos de una cuenta

2011-01-15T05:57:00.000-08:00

La Cámara en lo Contencioso Administrativo ratificó una multa impuesta por la Dirección Nacional de Comercio Interior a un banco extranjero por los perjuicios que le provocó a un cliente al que le clausuraron sin motivo una cuenta y le cobraran erróneamente intereses.

De acuerdo a la agencia Télam, la sanción pecuniaria (impuesta a la Banca Nazionale del Lavoro) deberá ser afrontada por el HSBC Bank Argentina, entidad financiera continuadora de las actividades de la ex banca italiana.

La Secretaría de Comercio había multado al banco con $80.000 pero la justicia redujo el monto a $60.000 a raíz de una denuncia realizada en noviembre de 2005 por Horacio Schwartz, quien explicó que su esposa se vio impedida de retirar dinero de la cuenta sueldo en México, donde estaba estudiando.

Schwartz agregó que luego la cuenta le fue bloqueada sin motivo, y "como consecuencia de ello debió refinanciar un crédito por el que le cobraron intereses punitorios pese a que los fondos estaban disponibles para ser debitados".

El organismo de control aplicó la sanción porque "la entidad bancaria no informó de modo eficaz y suficiente sobre la alteración de las condiciones y modalidades de los servicios que prestaba en relación a la extracción de dinero desde cajeros automáticos ubicados en el exterior del país".

Al ratificar la multa -aunque reduciéndola en su monto- los camaristas José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez afirmaron que el reclamo del cliente "no fue solucionado ni se dio respuesta satisfactoria, con eficiencia y en tiempo útil y oportuno, todo lo cual es revelador de un modo negligente y desaprensivo en la prestación de los servicios de caja y cobranzas comprometidos en las operatorias pactadas".

Los jueces explicaron que los clientes de un banco, a quienes define como "parte débil en la relación contractual", depositan su confianza en las entidades que deben actuar "regidas por el standard ético del `buen profesional`, en razón de su alto grado de especialización y por ser una colectora de fondos públicos, razón por la cual el interés general exige que actúe con responsabilidad".
(Fuente: iProfesinal.com)

¿Qué derechos tiene Usted como consumidor si un comercio le vende un producto defectuoso?

2011-01-07T11:13:00.000-08:00

Jorge estaba muy contento. Le habían entregado su nueva notebook, que le había costado mucho tiempo conseguir y también dinero. Sin embargo, toda la alegría que tenía muy pronto se transformó en angustia y bronca.

A las dos semanas, la computadora portátil ya no encendía. Se dirigió al comercio donde la había adquirido y allí se la retuvieron para enviársela al fabricante. Transcurridos unos días, se la restituyeron pero, un mes más tarde, el problema volvió a repetirse.

Fue, en ese momento, en que Jorge se preguntó: y ahora, ¿qué hago?

Casos como éste se repiten a diario y los expertos consultados por iProfesional.com advierten que no son pocas las veces en que los compradores no logran una solución satisfactoria.

Pero, conociendo los derechos que le corresponden a los consumidores, la situación puede tornarse totalmente distinta. Recientemente, en una inédita sentencia, la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia de Chubut ordenó a una concesionaria local y a la automotriz General Motors a resarcir a una clienta con un auto cero kilómetro, después de haberle entregado un vehículo con fallas mecánicas.

Además, ordenó la aplicación de una multa. A estos fines, consideró que tanto la automotriz como la agencia vendedora eran solidariamente responsables.

Sin embargo, los especialistas en la materia remarcan que "lamentablemente existe un desconocimiento efectivo de cuáles son todos los derechos que asisten a los consumidores" a la hora de adquirir un bien o contratar un servicio.

Y destacaron que conocerlos es clave proque, ante la actitud reticente del vendedor, es posible recurrir a la Justicia y pedir, además del reemplazo del artículo averiado, un resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos y la aplicación de una multa.

Qué dice la ley
La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor establece que cuando se comercialicen cosas no consumibles - como los electrodomésticos y vehículos-, el consumidor y los sucesivos adquirentes gozan de una garantía por los defectos o vicios cuando se vea afectado el correcto funcionamiento del producto.

"La ley establece un régimen específico de garantías para todos aquellos casos en los que se comercializan bienes durables", indicó el consultor Alejandro Chamatropulos.

"La protección se justifica ya que, al tratarse de bienes que tienden a durar un lapso considerable de tiempo, resulta necesario que el consumidor quede debidamente cubierto contra posibles deficiencias o fallas que aquél pueda experimentar a lo largo de su vida útil", agregó.

"Cuando se trate de bienes usados, la garantía debe tener un plazo no menor a 3 meses, y cuando sean nuevos deberá ser extendida por un período mínimo de 6 meses", remarcó Flavio Lowenrosen, director del Suplemento de Derechos del Consumidor de elDial.com.

El respectivo aval debe cubrir la reparación del bien por defectos de fábrica o por vicios en su funcionamiento que no sean imputables al usuario.

Además, Lowenrosen indicó que el producto "debe poder llevar a cabo todas las funciones ofertadas y publicitadas". Por ello, cuando no las cumple, se altera su finalidad y el consumidor se encuentra en condiciones de requerir el servicio de garantía.

La garantía
De acuerdo con la normativa vigente, la garantía puede ser requerida por los usuarios cuando:

•La cosa directamente no funciona.
•Anda, pero no cumple con las prestaciones ofertadas y publicitadas. Es decir, su funcionamiento es anormal, ya que no se sucede conforme lo que le informó al usuario antes de adquirir el bien. Por ejemplo, si una persona compra una heladera que es ofertada con descongelado automático, y éste no anda correctamente, el comprador tiene derecho a llamar al servicio técnico para que efectúe la pertinente reparación dentro del período de garantía.

Los plazos mencionados comienzan a correr a partir de la entrega del bien y las partes pueden convenir un período mayor.

"El plazo de garantía mínima de 6 meses es muy escueto cuando se adquieren bienes de un valor económico considerable o cuyo uso y funcionamiento es complejo, como computadoras, televisores LDC, ciertos celulares", consideró Lowenrosen.

"A veces, un usuario no avezado demora varios meses en aprender a utilizar todas las funciones y comandos", señaló y agregó que puede suceder que, para el momento en que aprenda a hacerlo, "el plazo de garantía legal puede haberse extinguido o esté próximo a que eso ocurra", remarcó.

Si existe un defecto, y el artefacto debe trasladarse a la fábrica o al taller habilitado, el transporte o los gastos que esto genera estarán a cargo del responsable de la garantía.

Responsabilidad
La Ley de Defensa del Consumidor es muy amplia en cuanto a la "cadena" de responsabilidades -en relación a la prestación de la garantía- que les impone a los proveedores.

"Tanto los fabricantes, como los importadores y los vendedores deben asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos", remarcó director del Suplemento de Derechos del Consumidor de elDial.com.

La norma establece que "serán solidariamente responsables del otorgamiento y cumplimiento de la garantía, los productores, los importadores, los distribuidores y los vendedores".

El certificado de garantía -que debe entregarse junto con el producto- tiene que estar por escrito, en castellano, debe ser de fácil comprensión y, como mínimo, deberá contener:

a) La identificación del vendedor, fabricante, importador o distribuidor.

b) Las especificaciones técnicas necesarias para su correcta individualización.

c) Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para su funcionamiento.

d) Las de validez de la garantía y su plazo de extensión.

e) Las de reparación de la cosa con especificación del lugar donde se hará efectiva.

Si hay que notificar al fabricante o importador de la entrada en vigencia del aval respectivo, dicho acto estará a cargo del vendedor. Si éste no lo hiciera, de todas maneras, el fabricante o el importador serán solidariamente responsables.

En caso de existir una cláusula contraria a lo mencionado, el marco legal vigente señala que la misma será nula y se tendrá por no escrita.

Si el artefacto debió ser reparado dentro del plazo de cobertura de desperfectos, el garante estará obligado a entregar al consumidor una constancia de reparación, en donde se indique qué se reparó, que piezas fueron reemplazadas, la fecha en que el consumidor le hizo entrega del producto y cuándo se lo devolvió.

Hay que tener en cuenta que el lapso durante el cual el consumidor estuvo privado del uso de la cosa -por cualquier causa relacionada con su reparación- "debe computarse como prolongación del plazo de garantía legal".

Reparaciones
En los supuestos en que la reparación efectuada no resultara satisfactoria, por no reunir las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinado el artículo en cuestión, el consumidor puede:

a) Pedir la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas características. En tal caso el plazo de la garantía legal se computa a partir de la fecha de la entrega de la nueva cosa.

b) Devolver el artículo en el estado en que se encuentre, a cambio de recibir el importe equivalente a las sumas pagadas. Para ello, se debe tomar el precio actual, al momento de abonarse el importe en cuestión o parte proporcional, si se hubieran efectuado pagos parciales.

c) Obtener una quita proporcional del precio.

El sistema legal de garantías, previsto en la LDC, no funciona como una vía previa de carácter obligatorio por la cual el consumidor afectado debe transitar.

"Se trata, simplemente, de una alternativa que busca una salida expedita y respetuosa de los derechos de las partes involucradas", explicó Chamatropulos.

De esta forma, el consumidor, si así lo desea, "puede decidir saltearla, exigiendo directamente la rescisión del contrato y los daños y perjuicios sufridos", agregó el especialista.

Los compradores también deben tener en cuenta que se tendrán por no convenidas las cláusulas que:

a) Desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños.

b) Importen la renuncia o restricción de sus derechos o amplíen los de la otra parte.

c) Contengan cualquier precepto que indique que el consumidor sea quien deba probar que utilizó correctamente el bien sobre el cual se efectúa el reclamo.

Daño directo
Es importante señalar que, en todos los casos, el consumidor también podrá reclamar los eventuales daños y perjuicios que pudieran corresponderle.

En este punto, la modificación del año 2008 de la LDC incluyó la figura del daño directo, que es todo perjuicio o menoscabo al derecho del consumidor, ocasionado de manera inmediata, sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios, y que se puede medir en dinero.

"Los jueces son conservadores en aplicar esta figura. Hasta el momento, fueron pocos los casos en que se dio lugar al reclamo -cuyo monto va al bolsillo del consumidor afectado- y cuando se otorgó, se hizo por montos pequeño", explicó Esteban Rópolo, socio de Baker & Mckenzie.

Antes de la reforma mencionada, el consumidor podía ir a la autoridad administrativa correspondiente. Ésta convocaba a una audiencia conciliatoria y, si el usuario no quedaba conforme, podía pedir la aplicación de una multa.

"El monto obtenido por esa sanción iba a las arcas del Estado. Pero, a partir de la introducción del daño punitivo, el comprador puede pedir que se aplique una multa -el monto máximo es de 5 millones de pesos-", agregó Rópolo.

"Para determinar dicho importe, se tendrá en cuenta, entre otras cosas, el valor del bien afectado, la conducta de la empresa -por ejemplo, si estuvo predispuesta a solucionar el problema- y los inconvenientes sufridos por el usuario", concluyó el especialista.

Sobre este punto, la normativa indica que "las sumas que el proveedor pague al consumidor, en concepto de daño directo determinado en sede administrativa, serán deducibles de otras indemnizaciones que, por el mismo concepto, pudieran corresponderle a éste por acciones eventualmente incoadas en sede judicial".
(Fuente: iProfesional.com)

ARRIBARON A UN ACUERDO DE ALCANCE COLECTIVO LA ASOCIACION DE CONSUMIDORES A.C.U.B.A. Y CABLEVISION S.A.

2010-12-29T14:05:00.001-08:00

Transcribo a continuación comunicado de prensa de la Asociación A.C.U.B.A.:

"La Asociación Civil de Defensa de los Consumidores y Usuarios A.C.U.B.A. (Reg. Prov. De Asoc. de Consumidores Nro. 14, Reg. Nac. De Asoc. de Consumidores Nro. 32), con sede en la calle 12 de Octubre 3223 Piso 4 Of. “B”, de esta ciudad de Mar del Plata, fundada en el año 2006, comunica a la población que ha alcanzado un acuerdo homologado por la Justicia Provincial en el marco de las acciones judiciales iniciadas contra las firmas Multicanal S.A. y Cablevisión S.A. en representación de los usuarios de Gral. Pueyrredón y Olavarría, durante el año 2008 y 2009. Dichas acciones fueron llevadas adelante por nuestros letrados Dres. Federico M. Alvarez Larrondo, Ariel J. Vieira y Maximiliano Vieira.
En el presente mes de diciembre de 2010, luego de un arduo trabajo de esta Asociación y de sus letrados, se ha logrado llegar a un acuerdo conciliatorio con la empresa Cablevisión S.A., en el marco de los citados procesos judiciales, en virtud del cual se establece expresamente, tal lo solicitado en su momento, que a partir del presente la empresa proveedora del servicio de televisión por cable deberá comunicar todo incremento de tarifas del citado servicio que pretenda efectuar en los Partidos de Olavarría y Gral. Pueyrredón, a través de una nota en hoja por separado del tamaño de la revista que envía a sus clientes, con una antelación mínima de 30 días a la fecha de entrada en vigencia del aumento, con una explicitación de los motivos que lo llevan a efectuar tal incremento, a fin de que los usuarios puedan decidir en ese plazo su baja del servicio a fin de no pagar el incremento, o en su caso, cuestionar el mismo en sede judicial si entiende que las razones explicitadas no son ciertas o justificadas.
A su vez Cablevisión S.A. exclusivamente ante todos aquellos usuarios del Partido de Olavarría y Gral. Pueyrredón que se hubieran dado de baja del servicio de televisión por cable dentro de los sesenta (60) días posteriores a cada uno de los aumentos operados en marzo de 2008 (la baja debe haberse producido en los meses de abril o mayo), julio de 2008 (la baja debe haberse producido en los meses de agosto o septiembre) y febrero de 2009 (la baja debe haberse producido en marzo o abril), y a los que por consiguiente se les aplicó el aumento ante la falta de preaviso suficiente, asume la obligación de restituir el monto del incremento que se les hubiere aplicado en cada caso con mas sus intereses correspondientes, los que serán equivalentes al interés que cobra la empresa por los retrasos en el pago del abono a sus clientes.
Para acceder a dicha restitución de dinero deberá tenerse en cuenta que:
1) Para los usuarios que eventualmente hubiesen restablecido el servicio, la suma resultante se le acreditará en la próxima factura con vencimiento posterior al acuerdo conciliatorio precitado, aclarándose que dicho rubro surge del acuerdo celebrado en los autos “ACUBA c/ CABLEVISION/MULTICANAL”;
2) Aquellos usuarios que no hubieren restablecido el servicio, deberán presentarse en las oficinas comerciales que Cablevisión S.A. posee en el Partido de Olavarría y Mar del Plata (Gral. Pueyrredón) y reclamar allí la devolución de las sumas que le corresponda percibir. Los mismos deberán presentarse dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes contados a partir del último día en que el acuerdo conciliatorio sea publicado en el diario “EL POPULAR” de la ciudad de Olavarría.
De esta manera, a partir de este acuerdo, la firma Cablevisión S.A. no podrá modificar nunca más el precio del servicio sin una comunicación previa y fehaciente a sus usuarios a fin de que estos adopten con antelación las medidas que consideren pertinentes.
Vale destacar que este es el primer acuerdo colectivo dictado en la Provincia de Buenos Aires, lo que constituye un verdadero hito en la historia del Derecho del Consumo. Y a su vez, que el logro del mismo evidencia el necesario cambio de postura de empresas masivas como la aquí involucrada, que partiendo de una postura cerrada y lesiva de los derechos del consumidor, han comprendido que es menester ajustar su actuar a la ley y proteger a su bien más preciado y que le da razón de ser: su cliente.
El precitado acuerdo beneficia a todos los usuarios del Partido de Olavarría y de Gral. Pueyrredón a los cuales Cablevisión S.A. les presta el servicio de televisión por cable, sin necesidad de que éstos tuvieran que iniciar acción legal alguna, dado que para ello ha intervenido nuestra Asociación A.C.U.B.A (que cuenta con representatividad en todo el país). Lo expuesto, sin dejar de destacar y mencionar el apoyo y el trabajo de muchos usuarios de estos Partidos que hasta han marchado en pos del respeto de nuestros derechos. Para ellos y por ellos, vale destacar también este logro.

ACUBA, TRABAJANDO DESDE EL INTERIOR PROFUNDO DE LA ARGENTINA, EN LA EPOPEYICA TAREA DE CONSTRUIR UN MERCADO JUSTO Y HUMANIZADO.
Desde ya muchas gracias.

Cdor. Gerónimo Rossi.
Presidente de A.C.U.B.A."

Revocan medida cautelar que frenaba la caducidad de Fibertel

2010-12-20T12:54:00.001-08:00

La Cámara Federal de La Plata revocó, este lunes, la medida cautelar que había dictado el juez Elvio Sagarra de suspender los efectos de la Resolución 100 de la Secretaría de Comunicación de la Nación, que había dispuesto el cese de la licencia de la empresa Fibertel.
La causa se había iniciado a través de un amparo presentado por una clienta de la empresa, que había solicitado una medida cautelar de no innovar para que se suspendieran los efectos de la Resolución N° 100 de la Secretaría de Comunicaciones y en consecuencia se le permitiera a Fibertel seguir brindando el servicio.
En primera instancia, el juez Sagarra había hecho lugar al pedido y había resuelto la suspensión de los efectos de la Resolución del Estado Nacional para todos los clientes de la compañía que se encontraban en la misma posición. Ante esa decisión, el Ejecutivo apeló y la causa llegó a la Cámara de Apelaciones.
Para los camaristas, “El marco regulatorio de las telecomunicaciones exige de manera inexorable la previa intervención de la Autoridad de Aplicación a través de la emisión de un acto administrativo expreso que autorice cualquier modificación de las participaciones accionarias que implique la pérdida del control social en los términos del Artículo 33 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y/o la Cesión o Transferencia de la Licencia (Artículos 10.1 l) y 13.1 del Anexo I Decreto Nº 764/00). Dicha solicitud y su obtención constituye una obligación de los Prestadores conforme lo prevé el Reglamento General de Licencias, aprobado por el Decreto Nº 764/00”.
Además, los jueces entendieron que “las razones de oportunidad, mérito o conveniencia tenidas en cuenta por los otros poderes del Estado para adoptar decisiones que les son propias no están sujetas al control judicial. Todo lo relativo al ejercicio de las facultades privativas de los órganos de gobierno queda, en principio, excluido de la revisión judicial”.
“Ello no obsta a que se despliegue con todo vigor el ejercicio del control constitucional de la razonabilidad de las leyes y de los actos administrativos frente a la iniquidad manifiesta de una norma o de un acto de la administración, situación que prima facie no se vislumbraría, por el momento, acreditada en autos”, agregaron los magistrados.
Asimismo, los camaristas indicaron que “tampoco se concreta un peligro de daño irreparable a los usuarios, más allá de sus dichos, con la fuerte probabilidad que requiere este tipo de medidas innovativas, toda vez que mediante la Resolución N° 102/10 -que el juez a quo omitió referirse en su decisión- se garantizaría que éstos reciban el mismo servicio, con iguales condiciones técnicas y de precio, al que prestaba Fibertel SA.”.
Por esas razones, los jueces resolvieron revocar la suspensión de la Resolución 100 de la Secretaría de Comunicación que regía para todos los usuarios de Fibertel.
(Fuente: CIJ)

Clarito y en pesos

2010-11-28T05:36:00.000-08:00

La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sanción impuesta por la Dirección Nacional de Comercio Interior (DNCI) contra una empresa de turismo por haber publicitado una oferta con los precios en dólares. El tribunal sostuvo que los montos debían ser indicados en la “moneda de curso legal y forzoso” en el país porque es la “única manera de garantizar el derecho de los consumidores a recibir la más completa información del monto exacto que deben desembolsar por los servicios que le son ofrecidos”.

La empresa de turismo había publicitado el 14 de enero de 2007 en el matutino La Nación un aviso que consignaba: “Ushuaia-Antártida 5 Días se Navegación U$S 6232 SUITE U$S 4351 Cabina Externa” y que no indicaba el precio total y de contado del servicio ofrecido expresado pesos.

La DNCI impuso a la empresa de turismo una multa de 5 mil pesos por infracción a los artículos 2º y 8º de la Resolución N° 7/2002 de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, sustituidos por los arts. 1º y 2º de la Resolución 2/2005, reglamentaria de la ley 22.802 de Lealtad Comercial.

En su voto, la jueza Clara Do Pico se refirió al art. 42 de la Constitución, y a las leyes 24.624 y 22.802 y afirmó que de esas normas se “desprende claramente que la información brindada al usuario deber ser clara, precisa y eficaz a fin de que éste puede tener conocimiento acabado de los bienes o servicios que va a adquirir, debiéndose (…) consignarse los precios en moneda de curso legal y forzoso de la República Argentina (pesos)”.

En su voto, que adhirió a la propuesta de Do Pico, el camarista Néstor Buján sostuvo que la empresa de turismo “no acreditó que los servicios cuyos precios publicitara en dólares estadounidenses serían ‘prestados desde, hacia y en el exterior’”.

El camarista Buján resaltó que, de la publicidad de enero de 2007 publicada en el matutino porteño, surgía que “los servicios, además de los días de navegación, incluían una noche de hotel cinco estrellas en Buenos Aires y el pasaje aéreo (ida y vuelta) Buenos Aires - Ushuaia - Buenos Aires” y esa información no se condecía “con el principio y fin del itinerario que extemporáneamente se invocó recién en el recurso por ante esta Cámara”.
(Fuente: DiarioJudicial.com)